El Fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, sostuvo: “La orden del gobernador Osvaldo Jaldo es tolerancia cero a las usurpaciones y junto a la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone, estamos avanzando en poner orden en el patrimonio provincial”. Además, confirmó que “hoy procedimos a la demolición de las construcciones indebidas emplazadas en este sector, recuperando un espacio público que pertenece a todos los tucumanos”.

La medida forma parte de la política de ordenamiento territorial y defensa del patrimonio público impulsada por la gestión provincial, mediante la aplicación del procedimiento de autotutela administrativa previsto en el Decreto N.º 3.664/1 (FE). 

De acuerdo con la Resolución N.º 156 de la DPA, durante inspecciones realizadas en el sector se constató la existencia de construcciones, loteos, viviendas, galpones y actividades comerciales emplazadas dentro del dominio público hidráulico y en plena zona de riesgo hídrico del Río Salí. 

Asimismo, mediante información obtenida del sistema GIS de la Dirección General de Catastro, se verificó que los terrenos ocupados no poseen padrón ni identificación catastral, determinándose que forman parte del dominio público provincial correspondiente al Río Salí. 

Los informes técnicos de la DPA determinaron que las ocupaciones ilegítimas avanzaron sobre la línea de ribera del río, comprometiendo el normal funcionamiento hidráulico de la zona y poniendo en riesgo tanto a las personas que habitaban el lugar como a la infraestructura pública cercana, especialmente el Puente Lucas Córdoba. 

Del operativo participaron además el director Provincial del Agua, Marcelo Cancilleri; el director de Protección del Patrimonio y Medio Ambiente, Hugo Vitale; el subdirector de Catastro, Ariel Llabra, y personal policial, en el marco del trabajo coordinado entre los distintos organismos provinciales para recuperar el patrimonio público y garantizar el cumplimiento de la ley.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que la recuperación de tierras fiscales y la liberación de zonas de riesgo hídrico forman parte de una política de Estado orientada a preservar el patrimonio provincial, proteger la seguridad de la población y evitar nuevas ocupaciones ilegales en sectores inundables.