La situación de las personas con discapacidad en Argentina se agravó tras los recortes del gobierno de Javier Milei, que suspendió miles de pensiones y vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso. La medida dejó a muchas familias sin ingresos básicos y en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Uno de los casos más conmocionantes es el de Roque, un hombre que perdió ambas piernas por complicaciones de diabetes y que desde hace meses no cobra su pensión por discapacidad. Para volver a percibir la ayuda, le exigen que presente su historia clínica completa y otros documentos, en un trámite que puede demorar meses. Mientras tanto, sobrevive sin recursos para medicamentos ni alimentos.

La familia denuncia que nunca recibieron una notificación oficial sobre la suspensión del beneficio. “Me enteré después que me sacaron la pensión, pero no llegó ninguna carta”, contó Roque. Su hermana Isabel expresó la indignación compartida por miles de familias: “Siento tanta impotencia porque es injusto. No investigaron a las personas que les sacaron la pensión”.

El caso de Roque es apenas uno entre muchos. Organizaciones sociales alertan que la exigencia de volver a presentar documentación médica y certificados genera un cuello de botella administrativo que impide acceder a derechos ya adquiridos. En paralelo, crece el número de personas con discapacidad que caen en la pobreza extrema y pierden la posibilidad de continuar tratamientos esenciales. /MYQ.