El Supremo Tribunal Federal de Brasil declaró culpable el jueves al expresidente Jair Bolsonaro por encabezar una conspiración fallida para anular las elecciones brasileñas de 2022, en un plan golpista que incluía disolver tribunales, dar poder a los militares y asesinar al presidente electo.

Cuatro de los cinco jueces que estudian el caso votaron a favor de condenar a Bolsonaro y a siete cómplices, entre ellos su compañero de fórmula, su ministro de Defensa y su comandante de la Marina, en una contundente reprimenda por parte de una de las mismas instituciones que dichos hombres intentaron derrocar.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión, aunque es probable que sus abogados soliciten el arresto domiciliario debido a sus problemas de salud.

El fallo es una sentencia histórica para la nación más grande de Latinoamérica. En al menos 15 golpes e intentos de golpes con vínculos con el ejército desde que Brasil derrocó su monarquía en 1889, el jueves fue la primera vez que se condenó a los líderes de uno de esos complots.

También podría asestar un golpe definitivo a una de las figuras políticas más importantes e influyentes de América Latina. Bolsonaro galvanizó un movimiento de derecha que transformó Brasil en una nación más polarizada y, en cierto modo, conservadora, pero su condena deja ahora a la derecha sin un líder claro.

Al mismo tiempo, es muy probable que la sentencia agrave el conflicto entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Donald Trump había exigido que Brasil retirara los cargos contra Bolsonaro, afirmando que, al igual que él, el expresidente brasileño estaba siendo perseguido políticamente por intentar revertir unas elecciones amañadas.

La Casa Blanca había intentado obligar a Brasil a abandonar el caso a través de la imposición de fuertes aranceles, una investigación comercial y severas sanciones contra el juez del Supremo Tribunal que lo dirigía. En cambio, varios jueces brasileños criticaron los intentos estadounidenses de intervenir mientras votaban a favor de la condena.

Cuando se le preguntó por la condena de Bolsonaro, Trump dijo a los periodistas en Washington el jueves que estaba “muy descontento al respecto. Conozco al presidente Bolsonaro” y me cae bien, dijo. “Creo que es algo terrible, muy terrible. De hecho, creo que es muy malo para Brasil”.

La condena de Bolsonaro se apoyó en montones de pruebas que demostraban que él y su círculo cercano habían pasado meses minando la confianza de los votantes en los sistemas electorales de Brasil y luego, tras perder por poco la votación de 2022, intentaron encontrar formas de mantenerlo en el poder.

Los planes preveían declarar un estado de excepción que habría disuelto el Supremo Tribunal, anulado el resultado de las elecciones y otorgado a los militares amplios poderes. También incluía un complot para asesinar al oponente de Bolsonaro, ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva; al compañero de fórmula de Lula; y a Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal que había supervisado las elecciones e iniciado varias investigaciones sobre Bolsonaro.

Bolsonaro negó las acusaciones y dijo que no tenía conocimiento sobre algún plan de asesinato. En cambio, declaró que buscó formas dentro de la Constitución de Brasil para corregir lo que, según él, fue una elección robada. (Una investigación realizada por el ejército brasileño no encontró pruebas de fraude electoral).

Durante meses, Bolsonaro y sus aliados han calificado el caso de abuso de poder por parte del Supremo Tribunal para oprimirlo políticamente y sofocar su movimiento.

“Nunca tuvo la intención de dar un golpe de Estado. Se está juzgando efectivamente a un movimiento político, no solo a sus dirigentes”, dijo el abogado de Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, en una entrevista antes del veredicto. Una condena, añadió, “dejará una cicatriz en la historia del tribunal”.

En las últimas dos semanas, a medida que el juicio avanzaba hacia un veredicto, Bolsonaro se vio abandonado por algunos aliados acusados de planear el golpe junto a él. Eso incluyó a su exministro de Justicia, cuyo abogado afirmó que había intentado persuadir al expresidente para que abandonara los planes.

También se enfrentó a testimonios perjudiciales de su secretario personal y a registros que demostraban que el plan de asesinato se imprimió y se llevó al palacio presidencial, entre otras pruebas.

Gran parte de la confusión también se desarrolló públicamente. Bolsonaro difundió abiertamente información errónea sobre fraude electoral; la policía de carreteras de Brasil detuvo a votantes en distritos de tendencia de izquierda el día de las elecciones; y, una semana después de la toma de posesión de Lula, miles de partidarios de Bolsonaro asaltaron las sedes del poder en Brasil en un intento fallido de inducir una toma del poder militar.

En consecuencia, el fallo contra Bolsonaro era ampliamente esperado, una opinión reforzada por la composición del panel de cinco miembros del Supremo Tribunal que juzga el caso. Además del juez De Moraes, a quien Bolsonaro atacó abiertamente, el tribunal incluye a un juez que fue abogado personal de Lula, y a otro que es ex ministro de Justicia y estrecho aliado de Lula.

Eso llevó a Bolsonaro a depositar su fe en un último recurso del extranjero: Trump.

Durante meses, uno de los hijos de Bolsonaro ha presionado a la Casa Blanca para que ayudara a su padre a evitar una condena de prisión. Entonces, en julio, Trump intervino.

Su gobierno impuso a Brasil unos aranceles desorbitados del 50 por ciento, que han empujado al país hacia China, y luego impuso al juez De Moraes algunas de las sanciones más duras de las que dispone Estados Unidos, normalmente reservadas a quienes han cometido abusos contra los derechos humanos.

La Casa Blanca ha citado la agresiva campaña de De Moraes para combatir lo que él considera amenazas contra la democracia de Brasil, que incluye medidas para encarcelar a personas por amenazar al tribunal, censurar voces en internet y bloquear redes sociales enteras en todo Brasil.(The New York Times).