El dueño de una empresa constructora, de 48 años, continuará con prisión preventiva. En la audiencia de prórroga, la auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma, en representación de la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal, a cargo de Diego López Ávila, exigió que sea por otros cuatro meses ya que persisten los riesgos procesales esgrimidos al momento de la formulación de cargos (el 21 de marzo del corriente año).

Está acusado por el delito de estafas reiteradas en seis oportunidades en concurso real y en calidad de autor. “Este legajo (declarado como asunto complejo) se mantuvo constantemente activo en esta Unidad Fiscal donde se han realizado distintos actos, el último tuvo lugar hace pocos días cuando solicitamos distintas documentaciones a las víctimas (recibos). Hemos pedido al departamento de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) las pericias caligráficas y contables”, indicó la Auxiliar de Fiscal quien recordó el peligro de fuga (falta de arraigo) y de entorpecimiento.

“Cuenta con los recursos para fugarse, no sólo de esta provincia sino a otro país (fue habido en Brasil). En tanto, la coimputada se encuentra evadida. Estamos hablando de seis estafas que representa a una pluralidad de víctimas”, agregó.

Para la Fiscalía, el daño patrimonial asciende a la suma de $26.435.000 y US$222.000 más la valuación sobre un terreno en el country Las Praderas.

"El perjuicio no es sólo patrimonial sino también de la frustración de proyectos de vida quienes en la mayoría de los casos destinaron sus ahorros para poder alcanzar una vivienda familiar", afirmó Brito Ledesma.

Por lo manifestado, el juez actuante hizo lugar al plazo exigido al considerarlo razonable.

La teoría del caso

El imputado junto a su esposa se presentaron como socios de la empresa de DICOZA SRL quienes aparentando solvencia celebraron diversos negocios inmobiliarios (como ser contratos de locaciones de obras por viviendas individuales y ventas de unidades funcionales en edificios) llevando adelante varias maniobras fraudulentas como ser la entrega de cheques siendo estos incobrables o habiendo recibido dinero a sabiendas de que no iban a poder hacer frente a sus obligaciones.

En ese contexto, las víctimas se pusieron en contacto habiendo tomado conocimiento de los servicios prestados por la empresa a través de la red social Facebook a fin de llevar a cabo la construcción de sus viviendas en distintos terrenos (ubicados en Yerba Buena y Tafí Viejo).

Primero les informaban sobre la modalidad de trabajo y el monto que debían entregar como anticipo junto con las cuotas posteriores. Al generarles la confianza fue que los denunciantes decidieron contratar los servicios de construcción con ellos pero al no contar con el monto requerido entregaron también terrenos y vehículos como parte de pago.

A través de varios reclamos por la tardanza del inicio de la obra y tras reiteradas respuestas evasivas, los acusados a sabiendas que no iban a dar cumplimiento con la finalización de la obra por la situación económica en la que se encontraban (habiendo incluso desviando varios de sus bienes a terceras personas) y al no haber avance alguno se contactaron con los arquitectos que venían trabajando en la empresa quienes expresaron que habían quedado sin trabajo y que intentaron comunicarse con el imputado hasta el día 26 de noviembre del 2022 cuando ya su teléfono se encontraba apagado (habiendo dejado de responder las llamadas y los mensajes), fugándose él y su esposa del país generando con su conducta un grave perjuicio patrimonial.

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