El caso está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo del fiscal Carlos Saltor, quien fue representado este martes 22 de julio por el auxiliar de fiscal Francisco Galíndez, en la audiencia realizada con el objeto de formular cargos y pedir medidas de coerción. 

Durante la misma audiencia, se formularon cargos contra dos mujeres de 44 y 66 años, a quienes se las acusa de haber cometido una serie de maniobras fraudulentas en perjuicio de al menos cuatro personas mayores. El juez actuante hizo lugar a lo solicitado por la defensa, por el término de dos meses, teniendo que someterse al proceso, fijar domicilio, firmar cada dos semanas el libro de comparendos en la comisaría más cercana a su domicilio, las prohibiciones de salir de la provincia y de cometer actos perturbatorios en contra de las víctimas.

Los hechos

Primer hecho

En febrero de 2025, una de las imputadas se valió de una relación de confianza para ofrecer a la víctima acceso a electrodomésticos mediante una supuesta ayuda social. Le solicitó una fotocopia del DNI y lo derivó a un local comercial donde, junto a la otra imputada, le hicieron elegir productos y firmar papeles bajo el argumento de que eran para constancia de la ayuda. Luego, lo trasladaron a otro comercio, donde ocurrió una operación similar. Días después, la víctima descubrió que se le había debitado una cuota correspondiente a un préstamo personal por una suma cercana a $1.200.000, con el que se habían adquirido, además de los productos que recibió, numerosos artículos adicionales que no había solicitado ni autorizado.

Segundo hecho

En marzo de 2025, otra persona fue citada a un local comercial bajo la promesa de recibir electrodomésticos gratuitos otorgados por el Estado. Allí, tras presentar su DNI y firmar documentos, recibió sólo uno de los productos que había elegido. Posteriormente, fue notificada por una financiera de una deuda correspondiente a un crédito personal que desconocía, el cual incluía otros productos adquiridos a su nombre y retirados por las imputadas.

Tercer hecho

Pocos días después, otra víctima fue llevada al mismo comercio con idéntico pretexto. Firmó documentación supuestamente necesaria para validar la “ayuda social”, recibió algunos productos y más tarde fue contactada por una empresa financiera, que le notificó una deuda correspondiente a un préstamo que no había solicitado. En la compra figuraban electrodomésticos que nunca recibió, pero que fueron adjudicados a su nombre.

Cuarto hecho

En otro caso, ocurrido el 15 de marzo, una mujer fue inducida a firmar papeles tras ser informada que había ganado un sorteo para recibir ayuda del gobierno. Las imputadas le hicieron creer que podía usar una parte del supuesto subsidio y que el resto debía compartirlo con ellas. Tras recibir algunos productos, descubrió que figuraba como titular de un crédito por $15.000.000, destinado no sólo a los productos que eligió, sino también a una importante cantidad de electrodomésticos que habrían sido sustraídos por las acusadas.

La investigación continúa con la recolección de pruebas documentales, declaraciones testimoniales y análisis crediticios, con el objetivo de determinar el alcance total de las maniobras delictivas y si existen más personas involucradas. Las imputadas están acusadas de los delitos de estafa y administración fraudulenta, y se analiza el perjuicio económico total causado a las víctimas.

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