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1 de julio de 2020

Tres legisladores pidieron el cierre de todas las fronteras de Tucumán por 60 días

Sólo se permitiría el ingreso de transporte con productos esenciales y traslados humanitarios. El proyecto cuenta con el aval del oficialismo en la Legislatura. En qué consiste la iniciativa

Legisladores de Tucumán elevaron un proyecto de ley en el que proponen blindar esa provincia durante al menos 60 días para evitar que haya más contagios de coronavirus. La iniciativa fue presentada por Federico Masso (Libres del Sur) y ya tiene el respaldo del radical José Ascárate y del presidente del bloque Justicialista de Todos, Roque Álvarez (oficialismo).

La propuesta, que aún debe ser tratada en comisión, apenas contempla dos excepciones: el ingreso de transportes con mercaderías esenciales y “las personas afectadas a la operación de vuelos y traslados sanitarios”. En estos casos, deberán cumplir los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Comité Operativo de Emergencia (COE).

Asimismo, el proyecto aclara que “lo dispuesto en el presente artículo se aplicará siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas, y den cumplimiento con el protocolo que disponga la autoridad sanitaria provincial”.

Según el texto del proyecto, el fin es “evitar contagios proveniente de otras provincias” y el órgano de aplicación de la medida sería el Ministerio de Salud de la provincia, “quien actuará en cooperación con el Ministerio de Seguridad para llevar los controles”.

Para justificar la idea, el proyecto recuerda el episodio ocurrido el pasado 7 de junio cuando un micro proveniente de Buenos Aires con 19 pasajeros infectados con COVID-19 ingresó a la provincia tucumana. “Considerando los hechos ocurridos (...) es que nos vemos en la obligación de plantear el presente proyecto a fin de de cerrar de manera provisoria todas las fronteras provinciales. Dicha medida responde a la necesidad de tomar mayores recaudos posibles para evitar el ingreso del virus a la provincia y posterior circulación comunitaria”, expresaron los legisladores.

“Ante lo ocurrido con el colectivo que ingresó a la provincia con personas con COVID-19 y el proceso de contagios decidí proponer un proyecto de Ley para cerrar las fronteras de la provincia por un lapso de 60 días. Es importante sostener el trabajo preventivo realizado hasta hoy”, escribió Masso en su cuenta de Twitter.

“Debemos proteger a los/as tucumanos/as de la Pandemia del COVID-19 en el peor momento de circulación comunitaria en CABA, Provincia de Buenos Aires y Resistencia (Chaco) para no tirar por la borda el trabajo de 100 días de esfuerzo de todos y todas”, agregó.

“Casi el 84% de los 72 casos que tenemos son de afuera. Lo he hablado con los presidentes de los bloques, han estado de acuerdo, inclusive el oficialismo”, agregó Álvarez, por su parte, en diálogo con La Gaceta de Tucumán. “Estamos pidiendo al Ejecutivo que implemente la reglamentación necesaria. Toda vez que el conductor cumpla con los protocolos y esté sano, podrá ingresar a la provincia”, agregó.

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, dijo al mismo medio que no tuvo posibilidad de ver el proyecto, pero advirtió que podría estar en conflicto con la Constitución el hecho de cerrar el ingreso a particulares. “El Ministerio de Salud lo viene pidiendo hace mucho tiempo, pero constitucionalmente no es viable hacerlo. Hay situaciones de fuerza mayor que vulneran garantías constitucionales”, explicó.

La funcionaria recordó que para poder flexibilizar actividades internas en la provincia el COE -del cual es miembro- emitió dos resoluciones para endurecer las medidas en las fronteras: la N° 23, del 22 de mayo, para elevar niveles de control epidemiológico para el ingreso de personas por cualquier vía, para evitar una propagación de covid-19; y la N°49, del 16 de junio, que en su artículo tercero dispone que sólo se permitirá el ingreso por razones de fuerza mayor, en vehículos particulares, previa autorización del COE 72 horas antes de partir (se informa por separado).

En el cuarto artículo se aclara que se prohibe el ingreso de personas en ómnibus, combis o cualquier vehículo con más de siete asientos.

 

 

 

 

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