Los jueces penales de toda la provincia disponen de plazo hasta mediados de esta semana para remitir detalles sobre las liberaciones de presos que dispusieron desde el 17 de marzo, fecha en la que comenzó el asueto judicial extraordinario con motivo de la pandemia. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, trasladó a la magistratura el pedido de datos que el Poder Legislativo aprobó -con la forma de resolución- en la sesión del 11 de junio. La solicitud de los legisladores también alcanza al Ministerio de Seguridad a cargo de Claudio Maley.

La Resolución 45/2020 requiere un “informe pormenorizado” acerca de las identidades de los ciudadanos que estaban privados de la libertad al 1 de marzo y que la hubieren recobrado desde el 17 de ese mes hasta la contestación del pedido de datos. La solicitud comprende la carátula de la causa en la que se dispuso la liberación; el delito imputado y los antecedentes penales que los acusados tuvieran con anterioridad a la excarcelación, y el nombre del magistrado que ordenó el cese de la prisión.

El informe permitirá a los miembros del Poder Legislativo determinar la incidencia de la prevención de la covid-19 en la población carcelaria. La Resolución 45/2020 proviene de un proyecto presentado el 14 de mayo por los legisladores oficialistas Regino Amado, Dante Loza, Roque Álvarez, Eduardo Cobos, Marta Najar, Gonzalo Monteros, Paula Galván, Norma Reyes Elías, Osvaldo Morelli y Sandra Tirado. Una producción reciente de La Gaceta indicó que la Policía estaba alojando presos en las oficinas administrativas por la saturación de las comisarías y cárceles. Alrededor de 1.300 ciudadanos están privados de la libertad, la mayor parte de ellos con el régimen de la prisión preventiva (aguardan que un tribunal determine su responsabilidad penal).

“Intromisión grosera”

La empleada judicial y gremialista Alejandra Martínez cuestionó la decisión de dar trámite al pedido de informe de la Legislatura. “Hay una grosera intromisión del órgano legislativo sobre el Poder Judicial”, manifestó Martínez a la Corte en la presentación que introdujo con el patrocinio del letrado Gustavo Morales.

La nota refiere que Sbdar debió haber devuelto la petición de información. “La Resolución 45/2020 carece de motivación, requisito esencial de validez del acto administrativo: no explica las razones que justifican tamaño pedido de la Legislatura”, criticó Martínez.

Con info de lagaceta.com.ar

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