Los festejos por el primer aniversario en el poder del presidente Andrés López Obrador fue eclipsada por una matanza de 21 personas en el estado norteño de Coahuila, la undécima de este tipo en lo que va de 2019, y que dejó de manifiesto los pocos avances en materia de seguridad del nuevo Gobierno.

A la vez se realizaban intensos preparativos para que López Obrador pronunciara su mensaje en la capital, en una pequeña localidad de las cercanías de la frontera con Estados Unidos se vivieron escenas de horror. El enfrentamiento en Villa Unión, se produjo el sábado entre supuestos miembros del cártel del Noreste y policías del Estado y costó la vida a 17 delincuentes y 4 agentes.

Según el relato oficial, los atacantes, que arribaron a bordo de camionetas tipo “Pick Up” con blindaje artesanal, dispararon con armas de alto poder contra la sede de la intendencia y el cuartel de la policía de Villa Unión, ubicado a 65 kilómetros al sur de Piedras Negras, limítrofe con Eagle Pass, estado de Texas.

Inmediatamente la agresión fue repelida por policías que solicitaron refuerzos. Más tarde arribaron elementos del Ejército, y agentes del municipio vecino de Acuña.

López Obrador, de 66 años, llega al primero de sus seis años de gobierno con una popularidad en niveles de 60%, pero se ha visto mermada en los últimos meses por el recrudecimiento de la violencia ligada al narcotráfico y una economía estancada.

“La disminución de la incidencia delictiva constituye nuestro principal desafío pero estamos seguros de que vamos a serenar a México con el apoyo del pueblo”, dijo el izquierdista ante decenas de miles de seguidores reunidos en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México.

El mandatario insistió en que la violencia fue herencia de presidentes anteriores, que tomaron la “irresponsable decisión de lanzar a militares a una lucha frontal contra la delincuencia organizada”. La política del nuevo gobierno, resumida por el izquierdista en “abrazos, no balazos”, se centra en dar apoyos económicos y becas a jóvenes de escasos recursos para evitar que sean tentados por grupos criminales, lo que critican expertos en seguridad y opositores.

El norte de México ha sido escenario de hechos violentos en los últimos meses, como la frustrada captura, el 17 de octubre, de Ovidio Guzmán, hijo del capo Joaquín “Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El “heredero” estuvo por momentos detenido en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, pero ante los ataques lanzados por milicianos el gobierno tomó la polémica decisión de liberarlo.

El 4 de noviembre, en un camino rural del estado de Sonora, miembros de un cartel mataron a balazos a tres mujeres y seis niños de una comunidad mormona de origen estadounidense asentada en el norte de México por generaciones.

Tras la indignación por esta masacre, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el martes pasado su intención de catalogar a los cárteles de la droga como terroristas, lo que en México ha sido interpretado como una intención de Washington de intervenir en el país, incluso con armas.

El presidente mexicano respondió que México no permitiría que extranjeros armados actúen en el país y sostuvo que su Gobierno demostrará a Trump, con quien dice tener una relación de “respeto” y “cooperación”, que harán justicia. Sobre este caso en particular, la Fiscalía anunció la detención de varios sospechosos, pero no dio más detalles.

Desde diciembre de 2006 más de 250.000 personas perdieron la vida en México, cuando el entonces mandatario Felipe Calderón lanzó un operativo militar contra las bandas criminales, según cifras oficiales, que no detallan cuántos casos estarían ligados al crimen organizado.

Fuente:ambito

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