El Juez Federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation.

Esta determinación técnica, surge tras una solicitud formal interpuesta por el Fiscal Federal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, allegado al Jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni.

El magistrado ordenó de manera taxativa que Marcelo Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante interpósitas personas, estableciendo además una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

La génesis de esta medida precautoria se halla en los eventos ocurridos el pasado viernes durante la audiencia testimonial de Vanesa Elizabeth Tossi, dado que, mientras la testigo brindaba declaración ante el Fiscal Federal Gerardo Pollicita sobre los pormenores del vuelo que trasladó al Jefe de Gabinete Manuel Adorni hacia la ciudad de Punta del Este, Uruguay, se produjo una situación que la fiscalía calificó de escandalosa: La mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes por parte de Marcelo Grandio.

Según el testimonio de Tossi, estas comunicaciones, que se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados.

En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que, además, habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

Ante la gravedad de los hechos, el Fiscal Federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.

En su dictamen, el fiscal subrayó que las acciones de Marcelo Grandio no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.

El representante del Ministerio Público Fiscal justificó la necesidad de aplicar el artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, argumentando que la secuencia de contactos insistentes y la interrupción de la propia audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias exhiben un riesgo real que debe ser mitigado de inmediato para preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional de la deponente.

Finalmente, el Juez Federal Ariel Lijo dispuso que se extraigan testimonios de las piezas procesales pertinentes, incluyendo el acta de la declaración de Vanesa Elizabeth Tossi y la documentación respaldatoria entregada por ella, para que se investiguen formalmente las presiones denunciadas.

La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial de estas restricciones no es la sanción anticipada, sino el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso de recolección de pruebas en una causa que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.

De esta manera, la justicia busca garantizar que el avance de la investigación sobre el vuelo del Jefe de Gabinete Manuel Adorni se desarrolle sin interferencias externas que puedan viciar la veracidad de los testimonios recolectados.

Medidas de prueba

Mientras el fiscal Gerardo Pollicita ordenó siete medidas de prueba sobre las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Lo hizo luego de que la causa por enriquecimiento recayera bajo su órbita y la del juez Ariel Lijo, que investigan el vuelo que el funcionario hizo con su familia y el periodista de la TV Pública Marcelo Grandio a Punta del Este.

Sostiene la solicitud de Pollicita la idea de que hay motivos suficientes para iniciar una causa con el objetivo de determinar cómo se constituye el patrimonio de Adorni.

Entre las medidas, se enumera solicitar información a los registros de la propiedad bonaerense y porteños sobre bienes que pudieran estar a nombre del exvocero presidencial o su mujer, Julieta Bettina Angeletti. Asimismo, pedir datos a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios sobre cualquier tipo de titularidad sobre vehículos.

Además, se busca conocer a nombre de quién figuran las expensas asociadas a la propiedad atribuida a Adorni en el Country Indio Cuá Golf, partido de Exaltación de la Cruz, y cualquier información relativa a cuotas sociales, cuotas de ingreso, cargos extraordinarios, entre otros.

Por otra parte, si alguno de los dos, en el mismo barrio, tiene algún permiso para iniciar una nueva obra. También solicitó al registro de la propiedad inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todas las propiedades a nombre de Manuel Adorni y Bettina Angeletti. El jefe de Gabinete aceptó vivir en Caballito en conferencia de prensa, pero no confirmó si alquila o es propietario.

Asimismo, se exigió conocer la cantidad de vehículos a nombre de Adorni y su esposa. Otra de las medidas impulsadas tiene que ver con solicitar a la Oficina Anticorrupción que remita copia de todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Adorni.

Y un dato no menor: se pidió a Migraciones el registro de todas las entradas y salidas del país, tanto de Adorni como de su esposa. Buscan contrastar el modo de vida que lleva adelante el jefe de Gabinete y compararlo con sus ingresos.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito no es la única línea de investigación que hoy enfrenta el jefe de Gabinete. En paralelo avanza la pesquisa por el viaje en un vuelo privado a Punta del Este junto con su esposa, que según declararon todos los testigos, fue pagado por el periodista Marcelo Grandio.

LaNueva

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