La investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de municipios tucumanos fue finalmente desestimada por la Justicia Federal. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz concluyó que no existió delito en los hechos denunciados, y el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez resolvió archivar la causa.

El expediente se había iniciado a fines de 2024 a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que advertía sobre movimientos financieros considerados inusuales en municipios del norte argentino, entre ellos Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros, Alberdi y Lules.

Según la investigación, el organismo había puesto el foco en reiteradas extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una operatoria de baja trazabilidad, y en la posible vinculación de esos fondos con el financiamiento de campañas electorales.

Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal determinó que no se configuró delito alguno, más allá de posibles observaciones de carácter administrativo. En ese marco, el juez Díaz Martínez consideró que, sin impulso fiscal, no correspondía continuar con la causa.

De esta manera, la resolución judicial pone fin a la investigación en el fuero federal, en un caso que había generado repercusión por el volumen de los fondos analizados y los municipios involucrados

El juez también aclaró por qué no correspondía dictar un sobreseimiento, sino un archivo. La diferencia radica en que no existían imputados en la causa: se trataba de una denuncia para investigar hechos, sin que se hubiera formalizado acusación contra persona alguna.

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