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27 de marzo de 2026

Condenan al ex jefe de la Unidad Regional Norte por el traslado irregular de presos en beneficio personal

A través de un juicio abreviado, Gustavo Javier Beltrán fue sentenciado a la pena de tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo. Inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos junto con una reparación económica

Por el traslado de presos para realizar albañilería en un domicilio de El Cadillal, el ex jefe de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Javier Beltrán (50), fue condenado a tres años y un mes de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de peculado de uso y de servicio en concurso real con el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor, y el delito de falsificación de instrumento público como coautor.

De esta manera, el juez actuante homologó el convenio de juicio abreviado que prevé también la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos junto con una reparación económica (mediante el decomiso de un cuatriciclo).

En representación de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, el auxiliar de fiscal, Federico Lizarraga, se refirió a los agravantes que se tuvieron en cuenta.

“En su carácter de primer jefe de la Unidad Regional Norte se valió de su posición jerárquica para desplegar un esquema de actuación donde dispuso el traslado irregular de detenidos desde su lugar de alojamiento para permanecer en la URN, sin poseer un arresto formal ni control judicial. A su vez, los utilizó para realizar trabajos de construcción en su beneficio personal, tanto en la propia dependencia como en su domicilio particular en El Cadillal. Para ello, usó recursos estatales, específicamente, un móvil policial que estaba asignado a su jefatura, del combustible y de la estructura operativa de la URN los cuales fueron desviados de su finalidad pública, para satisfacer los intereses particulares del imputado. Finalmente, ordenó la inserción de información falsa en el libro de guardia de la URN”, expuso el representante del Ministerio Fiscal. “La gravedad institucional del hecho y el abuso de su función pública tornan inadecuada una pena de ejecución condicional”, añadió.

Previo a resolver, Beltrán dirigió unas palabras: “Presté 31 años de servicio y con la decisión que tomé perjudiqué no solo a mi persona sino también a la institución. Me hago cargo de mi responsabilidad y pido perdón a mi familia y a la sociedad”.

La teoría del caso

Durante los primeros días de agosto y el 11 de noviembre de 2025, el comisario general Beltrán, primer jefe de la Unidad Regional Norte de la policía de Tucumán, sin solicitar autorización ni efectuar comunicación alguna a la autoridad judicial competente, dispuso el traslado de cuatro detenidos a las dependencias de la URN, sita entre calles 9 de Julio y Monteagudo de la ciudad de Tafí Viejo, sin registrar dicho movimiento en los libros de la dependencia, siendo que los mencionados debían estar alojados en la comisaría de Chuscha (tres de ellos) y en la comisaría de Choromoro (el restante), todo ello con la finalidad de hacerlos trabajar en beneficio propio.

En estas circunstancias, el martes 11 de noviembre, el comisario Beltrán de común acuerdo con el sargento Luis Roberto Trejo y el cabo Osvaldo Lucas Tezeira insertó falsamente en el libro de guardia que a las 10:20 horas salía un móvil policial trasladando a dos detenidos condenados, de 45 años y de 47 años, a los fines de ser alojados en el arresto de la comisaría de Chuscha siendo que en realidad la camioneta se dirigió al inmueble en construcción del comisario en El Cadillal. Ese día, en horas de la mañana, quienes cumplen servicios en la Unidad Regional Norte, al mando de Beltrán, trasladaron efectivamente a los detenidos hacia la casa de veraneo en construcción, que se encontraba sin moradores, lugar en donde realizaban trabajos de albañilería por orden suyo y para su beneficio propio.

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