Mientras los empresarios textiles hablan de "agonía", desde el Gobierno la lectura es muy distinta. Este lunes, el ministro de Economía Luis Caputo volvió a defender la apertura y fue particularmente duro con el sector: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Los que viajamos compramos afuera", afirmó. 

Para Caputo, el cierre de empresas y la pérdida de empleos forman parte de un proceso "normal" de reacomodamiento. "Cierran y abren. El problema no es que alguien pierda el trabajo, sino que pueda encontrar otra cosa", sostuvo, al tiempo que insistió en que el nuevo modelo generará inversiones y empleo en otros sectores.

El contraste entre ambas miradas es el corazón del conflicto. Mientras el Ejecutivo plantea que la competencia abarata precios y libera recursos para otros consumos, en el sector textil advierten que la reconversión no es inmediata ni automática. 

"Si el Gobierno pretende que compitamos con Asia, al menos debería bajarnos los impuestos", reclama Kim, que también cuestiona las asimetrías laborales y ambientales con los países asiáticos. El impacto social es significativo: la industria textil emplea a unas 540.000 personas y en provincias como Catamarca o La Rioja representa hasta el 40% del empleo industrial privado. Entre fines de 2023 y 2025 se perdieron al menos 18.000 puestos formales y cerraron más de 500 pymes.

Consultores como Dante Sica interpretan el proceso como un "cambio de régimen" con ganadores y perdedores, similar a una inundación que, al bajar el agua, deja empresas en pie y otras destruidas. Pero incluso desde esa mirada advierten que la transición es más costosa en la Argentina por la falta de financiamiento y previsibilidad. En ese escenario, y frente a un Gobierno que ya avisó que no habrá rescates, la estrategia de los textiles es resistir: achicarse, consumir ahorros y esperar que, cuando pase la tormenta, todavía quede un lugar para ellos en el nuevo mapa productivo./ El Economista.