La seguridad es la segunda prioridad de la agenda libertaria, detrás de las reformas económicas. Esa noción se expresa tanto en el discurso como en los proyectos aprobados en el Congreso, en donde las modificaciones de penas o procesos (ley Antimafias, la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos, las modificaciones en reiterancia y reincidencia) fueron desplazadas detrás de las discusiones de partidas presupuestarias o la ley Bases. La tendencia se replicará en estas sesiones extraordinarias: la anunciada transformación del Código Penal se desplazará a marzo, con el fin de dedicar la actividad legislativa de febrero a la reforma laboral.

La última mesa política de Casa Rosada terminó de definir la postergación, aunque hace semanas parecía desencadenarse ese destino para la iniciativa penal libertaria. Uno de los motivos es la aceleración de las negociaciones con las provincias para destrabar la reforma laboral: el proyecto original podría tener modificaciones ante la demanda de los aliados y una mayor necesidad de consensos -y para cambiar el Código Penal se requieren múltiples acuerdos bicamerales- podría ampliar las pretensiones de los gobernadores.

Otro de los factores es el grado de avance del proyecto, que hasta ahora se mantuvo en el terreno de lo enunciativo desde la campaña previa a las elecciones legislativas. En concreto, no se conoce ninguna redacción, aunque sí se sabe que hay dos sectores encargados de presentarla: uno compuesto por el equipo técnico de la senadora Patricia Bullrich y el otro encabezado por el secretario de Justicia de la Nación, Sebastián Amerio. “No tenemos nada”, se sinceran desde el lado de la exministra; “abarca más de 900 artículos y todo está sujeto a último repaso”, proponen desde el costado caputista. “Define todo el presidente Milei”, aseguran desde el oficialismo.