Por un hecho calificado provisoriamente como estafa y pago con cheque sin provisión de fondos, se realizó una audiencia en la que se imputó a un hombre por una operación comercial fraudulenta vinculada a la compra de tres vehículos automotores pertenecientes a una cooperativa de trabajo.

La acusación fue impulsada por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad de feria, subrogada por el fiscal José Sanjuán, y representada en esta oportunidad por la auxiliar de fiscal María Sol Gramajo.

Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de prisión preventiva por el plazo de 35 días, al considerar que existían riesgos procesales y que parte de la maniobra involucró a otras personas que actualmente se encuentran prófugas. Tras escuchar a las partes, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido fiscal y ordenó 15 días de prisión preventiva para el imputado.

La fiscalía remarcó la gravedad del hecho por el monto económico comprometido y por el ardid desplegado, señalando que la operatoria se desarrolló bajo una apariencia de legalidad que permitió generar confianza suficiente para concretar la entrega de los vehículos, pese a que el pago no fue cumplido en su totalidad.

La imputación

De acuerdo a la acusación fiscal, entre los meses de abril y agosto del año 2024 se llevaron a cabo diversas tratativas para la adquisición de tres vehículos automotores pertenecientes a una cooperativa de trabajo. La operación fue canalizada a través de una empresa comercial, acordándose la venta por un monto total de $75.944.000.

La compraventa se formalizó el 5 de agosto de 2024 mediante la firma de un boleto de compraventa, en el cual se estableció una modalidad de pago mixta. Parte del monto fue abonado en efectivo y mediante transferencias bancarias, mientras que el saldo restante se instrumentó a través de varios cheques de distintas entidades bancarias, con vencimientos previstos entre agosto y noviembre de 2024. Como garantía adicional, se libró un pagaré en blanco a favor de la cooperativa.

A pesar de que el precio no había sido cancelado en su totalidad, la cooperativa hizo entrega de uno de los vehículos en el mes de mayo de 2024 y, posteriormente, en agosto del mismo año, entregó los dos rodados restantes luego de la firma de la documentación registral correspondiente.

La maniobra se mantuvo sin inconvenientes hasta que, al momento de presentar al cobro los dos últimos cheques —ambos por sumas millonarias— estos fueron rechazados por falta de fondos en sus fechas de vencimiento, generando un perjuicio económico significativo. Según sostuvo la fiscalía, esta situación evidenció el engaño inicial y la intención de incumplir lo pactado.

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