El Ministerio de Salud de Mendoza presentó las primeras diez denuncias en la Justicia Civil contra padres que no cumplieron con el calendario obligatorio de vacunación de sus hijos. Esta situación se dio en el contexto de alerta sanitaria por el rebrote de enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos convulsa.

La cartera sanitaria provincial formalizó esta decisión en respuesta a la baja sostenida de las tasas de inmunización y el incremento de contagios, principalmente entre niños pequeños.

Cuáles son las sanciones para los padres que no vacunan a sus hijos

Mendoza se convirtió en la primera provincia de Argentina en recurrir a la vía judicial para exigir el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, lo que marca un precedente a nivel nacional. Esta iniciativa fue reglamentada en agosto de 2025, estableciendo el procedimiento y las sanciones para quienes incumplen con la vacunación obligatoria.

Las personas que recibieron la denuncia deben asistir a una audiencia en la que el equipo sanitario informa a los padres acerca de los serios riesgos que, para la salud pública, representa mantener la falta de vacunación. Se les dará un plazo de 30 días para cumplir con la aplicación de las dosis.

Asimismo, las sanciones establecidas por la normativa incluyen multas de entre USD 84.000 y USD 336.000, además de la posibilidad de hasta cinco días de arresto o la obligación de realizar trabajos comunitarios en hospitales, según el artículo 119 del Código de Contravenciones de Mendoza.

Las penalidades anteriormente mencionadas se aplican si los padres, tutores o cuidadores no cumplen con el calendario oficial de vacunación, y pueden duplicarse o triplicarse en caso de reincidencia o si otros responsables, como instituciones educativas o funcionarios públicos, omiten la denuncia.

En tanto, las denuncias que ya se encuentran en la Justicia Civil apuntan a padres responsables de niños y adolescentes que no han recibido las vacunas obligatorias. La medida se fundamenta en la Ley Nacional 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas y confirma que la salud pública prevalece sobre los intereses individuales.

TJ

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