El personal policial secuestró sellos de organismos nacionales, de la Ciudad, de la GBA, Córdoba y de Mendoza y una serie de títulos recién confeccionados que no llegaron a entregarse.

También se desmanteló una imprenta que operaba de forma ilegal donde se incautaron dos impresoras láser de última generación, dinero en efectivo y elementos tecnológicos utilizados para concretar los trabajos.

La Banda del “Jinete Negro” se dedicaba a la confección de documentación pública apócrifa, donde resultaban afectados el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por medio de páginas web, diarios y folletos entregados dentro de la vía pública la organización ofrecía títulos secundarios, terciarios y universitarios y se dirigió por esto que ya el Juzgado Nacional dentro de lo Criminal y Correccional Federal N° 11 bajo responsabilidad del Dr. Bonadío, dio cirugía a la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad, con El propósito de individualizar a los miembros y hallar las locaciones donde desarrollaban la actividad.

Las investigaciones establecieron que esta banda captaba a sus potenciales clientes por medio de los anuncios, donde se facilitaban números de celular de contacto.

La primera comunicación se realizaba vía Whatsapp, y se terminaba de cumplir con los requisitos necesarios para la confección del título apócrifo. El “Jinete Negro”, quien se encargaba de llevar adelante toda la intervención, supervisándola hasta el final.

Su socio, alias “El Gordo”, era quien se contactaba con los clientes y entregaba los títulos ya confeccionados, mientras “El Peque” obtenía toda la información necesaria para la confección de los títulos, firmas, promedios y establecimientos educativos.

“El Turco” era el imprentero, y quien conseguía la materia prima para confeccionar los títulos y los sellos. “Bamban” era el contador de la banda; manejaba la cuenta bancaria para que los clientes depositáran los pagos y “El Bicho” era el encargado de recoger el dinero.

“La Princesa”, era la única mujer de la banda, quien junto a su padre se encargaba de las relaciones públicas y la atención de los interesados en comprar los títulos truchas. Finalmente “Nacho” se dedicaba a ocultar las huellas y los elementos constitutivos de ilícito.

Marcelo D´Alessandro, secretario de Justicia y Seguridad, explicó: "Estos estafadores pedían a sus clientes fotos 4×4, fotos del DNI y los datos básicos a fin de que dentro de menos de 48 horas tuvieran un título trucho dentro de mano”.

El secretario indicó que los ocho detenidos conformaban una banda que venía trabajando hace tiempo con un fuerte grado de profesionalismo.

“Hay que destacar el trabajo de los investigadores de la Policía de la Ciudad dentro de grupo con la Justicia Nacional”, afirmó.

El comprador podía elegir la carrera, la Casa de Estudios otorgante del título, el costo iba desde los $4 mil para los  secundarios, hasta los $20 mil para los universitarios.

En todos los casos quien ofrecía los servicios aseguraba que los mismos eran 'legales', pues estaban inscriptos en todas  las dependencias pertinentes.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y la causa quedó carátulada como “Falsificación de documentos públicos”.