En un nuevo capítulo de la disputa por los recursos entre la Nación y las provincias, avanza en el Congreso un proyecto para coparticipar el Impuesto a los Combustibles Líquidos. La iniciativa se da en un contexto de tensiones por los fondos que el Gobierno de Javier Milei dejó de transferir a los gobernadores, lo que reavivó el debate sobre el reparto fiscal.

Aunque durante gran parte de 2024 la coparticipación mostró una caída generalizada, en el primer semestre del año se registró un cambio de tendencia impulsado principalmente por emergencias climáticas en distintos puntos del país. En este marco, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se convirtieron en una herramienta clave para asistir a las provincias más afectadas.

Según datos oficiales, las jurisdicciones que más fondos recibieron en lo que va de 2025 fueron Buenos Aires, Neuquén, Salta y Tucumán. En el caso de Neuquén, los $15.000 millones girados respondieron a la emergencia ígnea que afecta a la provincia y que fue extendida por el gobernador Rolando Figueroa hasta fin de año. Durante el verano, los incendios destruyeron cerca de 150.000 hectáreas en todo el país.

A Salta se le transfirieron $13.000 millones por emergencias climática e hídrico-socio sanitaria, mientras que Tucumán recibió $12.000 millones por emergencias hídricas y sociales. En tanto, Buenos Aires obtuvo $10.000 millones distribuidos en tres pagos, a raíz de las inundaciones.

El listado de provincias que también recibieron asistencia incluye a Santa Fe ($9.000 millones), Santa Cruz ($8.000 millones), Chubut y Catamarca ($7.000 millones cada una), y Río Negro ($5.000 millones), todas en situación de emergencia o desequilibrio financiero. Más abajo figuran San Juan ($4.000 millones), Mendoza, Misiones y Entre Ríos (con $3.000 millones cada una), y Chaco ($2.500 millones).

A pesar de las diferencias políticas con la Casa Rosada, en los últimos días se observó un acercamiento institucional. Gobernadores como Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Rolando Figueroa (Neuquén) mantuvieron reuniones en Buenos Aires con funcionarios nacionales.

El objetivo del Gobierno es preservar el diálogo para negociar vetos a proyectos legislativos y avanzar con reformas clave.

En este contexto, los 23 gobernadores provinciales y el jefe de Gobierno porteño firmaron proyectos para modificar el esquema de distribución de los ATN y coparticipar el impuesto a los combustibles. De prosperar, la reforma tendría un fuerte impacto fiscal.

De acuerdo con un informe del IERAL, de la Fundación Mediterránea, la coparticipación del impuesto representaría una ganancia neta para las provincias. Actualmente, reciben apenas un 7 % de esos recursos en forma discrecional; con la reforma, pasarían a obtener un 58,8 % de manera automática en 2024 y un 57,02 % en 2025.

El análisis también advierte que, si ambas reformas hubiesen estado vigentes en 2024, el costo fiscal para el Sector Público Nacional habría sido del 0,18 % del PIB, y alcanzaría el 0,21 % en 2025. Esto equivale a casi el 60 % del superávit financiero acumulado entre 2024 y el primer semestre de 2025.

La discusión promete escalar en el Congreso y redefine el tablero de negociaciones entre la Nación y las provincias, con un reparto de fondos cada vez más central en la agenda política nacional. 

La Nueva

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