Una ciudadana argentina fue brutalmente atacada en la localidad boliviana de Bermejo, ubicada en el sur del país y muy próxima al límite con Aguas Blancas, en Salta, luego de ser acusada de integrar una banda que habría robado $5 millones a un comercio local.

El hecho, de alto contenido de violencia, incluyó golpes, amenazas de muerte, rapado forzado y desnudez pública, y fue grabado por testigos que compartieron los videos en redes sociales.

Según medios locales, el robo se habría producido mediante la modalidad conocida como "pasa manos": un grupo simula realizar una compra, distrae al personal y otro cómplice aprovecha para llevarse el dinero.

La víctima del robo, una comerciante local, relató a Radio Studio 89 que todo sucedió "en cuestión de segundos" y que los ladrones actuaron con "una logística calculada".

Horas después del atraco, un grupo de comerciantes identificó a la sospechosa y la interceptó en las afueras del barrio La Petrolera.

Allí le propinaron una paliza, la hicieron arrodillar, le cortaron el pelo y la dejaron semidesnuda, mientras la amenazaban con quemarla viva. Durante el acto, pidieron explícitamente que la policía no interviniera.

Ante el avance de la situación, las autoridades intervinieron y la trasladaron a una dependencia policial, donde quedó detenida a disposición de la Justicia de Bolivia.

Su familia, residente en Argentina, calificó lo ocurrido como un acto de tortura y exigió garantías para su integridad física. Además, reiteraron que la mujer debe responder por las acusaciones en un marco de respeto a sus derechos humanos.

El Consulado argentino en Bolivia ya tomó conocimiento del caso y se encuentra gestionando apoyo diplomático, según informaron fuentes consulares citadas por el portal Diario Panorama.

El caso generó conmoción tanto en Bolivia como en Argentina, especialmente por la crudeza de las imágenes difundidas y por el linchamiento público al que fue sometida la mujer.

Las autoridades bolivianas investigan ahora si el accionar de los comerciantes puede ser tipificado como detención ilegal, lesiones graves y vejámenes.

Mientras avanza el proceso judicial, el episodio pone sobre la mesa debates sobre justicia popular, violencia colectiva y derechos humanos, en un contexto de creciente inseguridad en zonas fronterizas.(TLSDIARIO).