“Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable”. Eso dijo Pedro Sánchez sobre Begoña Gómez ante el pleno del Congreso de los Diputados de España. El presidente del Gobierno debió responder así, por primera vez, ante las denuncias que comenzaban a caer sobre su esposa por presunto tráfico de influencias. Para Sánchez, se trataba de “un bulo” (una noticia falsa) y del “fango” de la oposición que no prosperaría. Sin embargo, prosperó.

En sus consideraciones, el magistrado sostuvo que existen indicios suficientes para que la causa avance a juicio y que sea un tribunal —incluso con jurado popular— el que determine responsabilidades. La decisión impactó de lleno en la agenda del Ejecutivo: Gómez se encontraba en China acompañando a Sánchez cuando se conoció el auto, lo que volvió a tensar el clima político.

El origen de la investigación

La investigación se originó en 2024 a partir de una denuncia impulsada por la organización Manos Limpias (que Sánchez descalificó como “de derechas”) y fue creciendo con nuevas acusaciones y líneas de investigación. El eje del caso está puesto en la actividad profesional de Gómez, especialmente en su rol en una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y sus vínculos con empresas privadas.

Según el juez, la esposa del presidente habría utilizado su posición y su cercanía con el poder político para impulsar proyectos propios y generar beneficios económicos, en algunos casos con participación de terceros, como el empresario Juan Carlos Barrabés y una asesora de Moncloa.

Del otro lado, tanto la defensa como el Gobierno rechazan de plano las acusaciones. En Moncloa hablan de una instrucción “polémica” e incluso cuestionan la imparcialidad del proceso, mientras que la Fiscalía también había pedido, en distintos momentos, el archivo de la causa.

Las causas por las que el juez la acusa

El auto judicial es claro: Juan Carlos Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por cuatro delitos principales:

1. Tráfico de influencias: el juez sostiene que Gómez se habría valido de su relación con el presidente para influir en decisiones públicas o administrativas en favor de intereses privados.
2. Corrupción en los negocios: se investiga si intervino en operaciones o relaciones empresariales con la obtención de beneficios indebidos a partir de su posición institucional o académica.
3. Malversación de fondos públicos: el magistrado apunta al posible uso irregular de recursos públicos en actividades privadas vinculadas a sus proyectos.
4. Apropiación indebida (de marca o software): una de las líneas más sensibles es la presunta utilización o apropiación de activos —como tecnología o desarrollos— ligados a la universidad donde trabajaba.

Un caso político y judicialmente explosivo

El avance hacia el juicio no solo tiene consecuencias judiciales: también reconfigura el escenario político en España. El caso se convirtió en uno de los principales focos de desgaste para el Gobierno de Sánchez, con la oposición —especialmente el Partido Popular y Vox— que utilizan la causa como eje de crítica permanente.

Al mismo tiempo, desde el oficialismo denuncian una persecución judicial y remarcan que la causa nació a partir de denuncias basadas en recortes de prensa, algunas de ellas cuestionadas.

Otro punto de controversia es el propio accionar del juez. A lo largo del proceso, distintas decisiones de Peinado fueron apeladas o discutidas, y su instrucción fue calificada por sectores del Gobierno como "irregular" o "excesiva".

Más allá de la disputa política, lo concreto es que el caso entra ahora en una etapa decisiva. Las partes tienen plazo para presentar sus escritos finales antes de que se defina formalmente la apertura del juicio oral.

Si el proceso avanza, será la primera vez que la esposa de un presidente en ejercicio en España enfrente un juicio por delitos de esta gravedad, lo que convierte al caso en un hecho sin precedentes recientes en la política del país.

Y, sobre todo, Sánchez ha pagado un alto precio por haber acordado una amnistía con los separatistas catalanes que decretaron irregularmente la independencia de Cataluña. Carles Puigdemont, el líder de los independentistas, huyó a Bélgica y pactó la amnistía -una medida sin precedentes recientes en España- con Sánchez. Sin embargo, los independentistas nunca aceptaron plenamente los acuerdos y solo le trajeron desgaste político al presidente del Gobierno español. /A24.