El Senado convirtió en ley este jueves el proyecto proveniente de la Cámara de Diputados que prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos con la actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

La actualización de los haberes jubilatorios consiguió su aprobación por 52 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, en el marco de una sesión del Senado tan trascendente como adversa para el Poder Ejecutivo Nacional, cuyo titular ya anticipó que vetará esa decisión del Congreso.

Con relación a la votación en particular de los artículos 1, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, todas unificadas en una votación a viva voz tras la caída del sistema y la imposibilidad de utilizar el tablero electrónico, resultó con 52 votos afirmativos y 4 abstenciones, otra vez.

Luego, se pusieron a consideración los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 que fueron avalados con 48 positivos, 4 negativos y 4 abstenciones; el artículo 10 alcanzó 43 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones; y finalmente, el 11 y 12 lograron 44 adhesiones, 8 rechazos y 4 abstenciones.

El proyecto ya venía con el antecedente de haber sido aprobado con amplitud en Diputados, ya que el 4 de junio pasado tuvo 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones.

Con la imposibilidad de utilizar el mecanismo electrónico del recinto y con la idea de confeccionar el acta, el conteo de los votos se llevó a cabo con la presencia del secretario parlamentario Agustín Giustinian. 

El texto aprobado prevé un incremento de todos los haberes previsionales del 7,2%; un aumento del bono extraordinario -congelado hace más de un año en 70 mil pesos- a 110 mil pesos y su actualización mensual por índice de movilidad; y la transferencia de fondos por parte de la ANSeS a las provincias con cajas previsionales no transferidas.

Además, se incorpora por ley la fórmula de movilidad que el Poder Ejecutivo instauró a través del DNU 274/24. Y, en respuesta al Gobierno, que cuestiona de dónde saldrán los recursos, se prevé un capítulo referido al financiamiento que incluye medidas como la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas; la eliminación de la exención de Ganancias a las sociedades de garantía recíproca; el ahorro generado por la quita de sobrecargos a los intereses que se logró con el FMI y un redireccionamiento de las partidas destinadas a la SIDE, entre otras. Esto se tomó de la iniciativa de Encuentro Federal.

La moratoria previsional también se convirtió en ley

En segunda instancia, también se sancionó la Prórroga de la Moratoria Previsional por dos años extendiendo la vigencia del capítulo II de la Ley 27.705 y del Plan de Pago de Deuda Previsional establecido en ella. Al igual que en la Cámara baja, la aprobación se logró partir del grado de ausentismo en el recinto: Fueron 39 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención.

El proyecto había sido impulsado en la Cámara de Diputados por Unión por la Patria, que sorpresivamente consiguió aprobar el mes pasado el dictamen de mayoría con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones.

Sin embargo, ambas votaciones resultaron a favor, pero quedaron lejos de los dos tercios que le garantizarían sortear el veto de Javier Milei.

El oficialismo rechazó desde el primer momento la propuesta de la oposición, al poner énfasis en el costo fiscal que tendrían estas medidas, además de la emergencia en discapacidad, otro de los temas de la jornada. Según Martín Menem, los proyectos implicarían 12 mil millones de dólares, lo que significa 1,8% del PBI.

Pero, además, antes de la aprobación del proyecto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó que, al igual que el año pasado, cualquier ley que en consideración del Gobierno apunte a “romper el equilibrio fiscal” será vetada.

El debate

Como miembro informante se expresó Mariano Recalde quien acusó al oficialismo de poner “trabas y excusas” para no debatir el tema que “son los proyectos tan esperados por los jubilados y pensionados de incremento excepcional y de emergencia y el que restablece el plan de pago previsional conocido como moratoria”.

“Esta semana vimos todo tipo de maniobras y de excusas, algunas muy cínicas. Cuando toca el momento de debatir, se van. Estos dos temas no son novedosos ni aparecen de sorpresa, se aprobaron hace un mes en Diputados con amplio debate porque son temas que ya hemos discutido acá en la Cámara porque hay que recordar que el incremento fue votado en Diputados y Senadores. Este mismo tema lo debatimos mucho y lo aprobamos y luego fue vetado por el presidente”, explicó.

En ese sentido, Recalde cargó nuevamente contra el oficialismo: “Todas estas excusas de querer participar, debatir, ampliar eran nada más y nada menos que la única manera que encontraban de que este proyecto no se apruebe, porque la voluntad de la mayoría de los representantes del pueblo y de las provincias es ir para adelante con el aumento de los jubilados y con el restablecimiento de la moratoria previsional”.

El senador del FNyP señaló que se trata de “un pequeño incremento, un alivio para la situación en la que viven hoy los jubilados y pensionados de todo el país” un incremento del 7,2% tras el “congelamiento que hizo el Ejecutivo, luego de una enorme modificación de la fórmula de actualización de los haberes en el mes de marzo”.

Recalde criticó que, en el mes de febrero, “se comieron la inflación del mes de enero del 20% y, para compensar eso, el Ejecutivo dispuso un aumento del 12% que le comió un pedazo de poder adquisitivo a los jubilados y pensionados de todo el país”.

Recalde aclaró que “el incremento del 7,2%, a partir de ahora, y la segunda parte de este incremento de emergencia es el aumento del bono de $70,000 que cobraban y que tienen congelado desde marzo del año pasado”. Así, le respondió al presidente Javier Milei que los acusó de querer generar “desequilibrio fiscal” y los tildó de “degenerados fiscales” porque “este proyecto de ley cuenta con fuente de financiamiento propia que permitirían, no solamente llevar un pequeño alivio a los jubilados y pensionados, sino también responder fiscalmente a esta necesidad”.

Según precisó el senador opositor el proyecto prevé la eliminación de la extensión del IVA para directores de empresas; la eliminación de la extensión de las ganancias de las sociedades de garantía recíproca. También prevé financiar este “pequeño aumento” con el ahorro por la quita de sobrecargos de los intereses que se logró con el FMI y prevé y plantea el redireccionamiento de las partidas que el Ejecutivo asignó para la SIDE.

Recalde comparó la situación actual con la del 2015 cuando era presidenta Cristina Kirchner: “El haber mínimo de los jubilados que cobraban en noviembre de 2015, hoy serían $541,181. Ese es el valor actual de las jubilaciones de noviembre 2015. La situación económica de los jubilados es calamitosa, es angustiante, es desesperante y el Congreso tiene que estar a la altura y tener la voluntad de aprobar este incremento para los jubilados porque “este aumento se vuelve urgente necesario imprescindible”.

Por otro lado, Recalde se refirió al proyecto de plan de pago de deuda provisional y comentó que prevé que “en este momento7 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres que cumplen la edad jubilatoria y no tiene los 30 años de aporte, puedan igual acceder a la jubilación y entendemos esto que es justo y necesario”.

“No creemos que nadie llegue a los 60 o 65 años sin haber trabajado nunca y, tampoco que haya llegado a esa edad sin haber aportado al sistema. Es mentira. Son muy pocas las excepciones de personas que pueden llegar a trabajar llegar hasta los 65 años sin haber trabajado nunca”, planteó.

Recalde criticó que “se fue desfinanciando el sistema de seguridad social en la Argentina producto de estas políticas del financiamiento del sistema previsional con extensiones impositivas con moratorias como la que se aprobó con la Ley Bases perdonándole las deudas a aquellos empleadores que no hicieron los aportes bajo la excusa de fomentar la creación de empleo”.

“El problema empezó, fundamentalmente, a partir de la privatización del sistema previsional y la llegada de las AFJP. En ese momento, cuando se le entrega las AFJP el sistema previsional, el 80% de los recursos salían de aportes y contribuciones del sector laboral. Solo el 20% de impuestos generales. Cuando el Estado recupera el sistema previsional, los aportes patronales y laborales se habían reducido al 50% y el otro 50 se financiaba con impuestos generales”, explicó y culpó al gobierno de Macri de volver a esa situación.

“Entonces si el sistema se financia 50% con impuestos generales fundamentalmente el IVA ¿cómo alguien puede decir que una persona que llegó a los 65 años no aportó? seguramente pagó toda la vida IVA, si los servicios están alcanzados por el IVA. Así que sí aportó al sistema y sí merece estar jubilado cuando cumple la edad que el resto de las personas que tienen los 30 años aporte”, manifestó Recalde.

También consideró “un acto de Justicia que las amas de casa que trabajaron toda su vida, que sostienen el funcionamiento de la vida familiar, tengan el derecho a una jubilación cuando llegan a la edad de 60 años y no de 65 como le quiere poner la PUAM. Este proyecto de ley se vuelve a establecer en 60 la edad para acceder al beneficio previsional que había sido elevada 65 durante el gobierno de Macri”, cerró.

La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero, aliada de La Libertad Avanza, quien votó en contra de reconocer los dictámenes, consideró que “si de verdad queremos ayudar a los jubilados, debemos tomar el toro por las astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.

Entre las propuestas que esgrimió en el recinto, la legisladora cordobesa sumó que “eliminar las jubilaciones de privilegio, todas desde la primera hasta la última, sería la estricta justicia con los jubilados y tener palabra como Estado”. Luego, explicó que “el problema es estructural porque desde el 2012 no crece el empleo en Argentina”.

“Tenemos que permitir que los jubilados que quieran seguir trabajando puedan aportar a una mejor jubilación y establecer la igualdad de aportes entre mujeres y hombres”, agregó Álvarez Rivero. Por último, denunció que estos proyectos quieren eliminar los créditos de las PyMEs: “Las PyMEs de clase media requieren de ese aval, eso genera empleo formal y es por ahí que la Argentina sale de la pobreza, no con esta ley”.

A su turno, la larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro) sostuvo que para este gobierno “los jubilados no son una prioridad, son el último orejón del tarro”, y brindó datos de la pérdida de los jubilados en el gasto público en el 2024 las jubilaciones y pensiones tuvieron un 43% del recorte del gasto público. “La casta para el Gobierno son los jubilados porque ningún otro sector sufrió tanta pérdida y soportó tanto el equilibrio fiscal. Son la casta para este gobierno por más que desde el relato digan otra cosa”, criticó, pero aclaró que “no es solo responsabilidad de este gobierno”.

“Voy a acompañar la recomposición a jubilaciones porque no hay que negar el equilibrio fiscal, pero este proyecto tiene fuente de financiamiento no significa un aumento del déficit fiscal”, resaltó Tagliaferri y, sobre moratoria sostuvo: “No acompaño porque no se resuelve el tema de fondo, cada dos o tres años estamos votando lo mismo cuando el 67% de la vida laboral tiene que estar en blanco, en un país con niveles altísimos de informalidad, hace décadas es imposible que una persona pueda acceder a una jubilación. No creo en un Estado que determina que aquellos que no cumplieron con los 30 años es su problema y se tienen que quedar sin nada, creo en un sistema justo, equitativo y solidario, pero es imposible que el sistema con la poca cantidad de gente en blanco pueda soportar a la gran masa de informalidad”, explicó.

Parlamentario

-

#Escuchá La 97.1 todo el día, hacé click acá📻

#Descarga la App de #RTuc haciendo click acá📲​
-