El presidente Javier Milei volvió a dejar en claro que su objetivo es lograr que los miles de millones de dólares que los argentinos guardan fuera del sistema financiero -en cajas de seguridad, propiedades o directamente "bajo el colchón"- ingresen formalmente a la economía. Y lo quiere hacer sin condiciones ni indagaciones: "No me importa en lo más mínimo de dónde se sacaron los dólares", sentenció.

La idea no es nueva, pero en las últimas semanas cobró fuerza dentro del equipo económico, que trabaja contrarreloj en el diseño de un marco legal que permita implementar el esquema sin violar normativas antilavado ni comprometer el cumplimiento de los acuerdos internacionales que regulan el movimiento de capitales.

Una economía con dólares guardados

Según estimaciones oficiales, los argentinos tienen fuera del sistema alrededor de u$s200.000 millones. Se trata de fondos que no tributan, no generan crédito ni inversión, y cuyo origen es muchas veces informal o no declarado. Para Milei, el problema no es económico, sino judicial: "La Justicia se tiene que encargar de lo suyo. No hay que mezclar el delito con la economía", explicó.

Desde su perspectiva, liberar el uso de esos dólares no solo dinamizaría la economía sino que también permitiría avanzar hacia un sistema con mayor competencia de monedas, una de las banderas estructurales de su gobierno.

"Queremos un sistema donde la gente sea libre de usar su dinero como mejor le parezca", insistió Milei, y definió el esquema como "una herramienta de libertad", incluso si eso implica un blanqueo sin pago de impuestos.

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, también se refirió a la estrategia. Reconoció que la economía necesita más moneda para sostener su crecimiento, pero sin volver a la emisión monetaria. Según explicó, hace un año que no se imprimen pesos y la expansión de la actividad requiere mayor liquidez para permitir, por ejemplo, el otorgamiento de créditos.

"El objetivo es habilitar mecanismos para que se pueda utilizar parte de esos dólares guardados, sin necesidad de emitir pesos", sintetizó Caputo ante la prensa.

Si bien no brindó detalles técnicos, desde el Gobierno deslizaron que el paquete podría incluir incentivos para depósitos bancarios en dólares, apertura de cuentas parciales, o la flexibilización de pagos en moneda extranjera, tanto para bienes como para servicios.

El anuncio, demorado por cuestiones legales

La presentación oficial del plan estaba prevista para la semana pasada, pero fue postergada. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aún no está definido el encuadre jurídico del esquema. "Uno puede tener la idea, pero después hay que encuadrarla normativamente. No es tan sencillo", aclaró en diálogo en declaraciones radiales.

Francos destacó que Argentina está adherida al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), lo cual implica cumplir con estrictas normas antilavado. Por eso, remarcó, la redacción del proyecto requiere máxima precisión legal.

"El tema es complejo. Hay muchas alternativas en análisis, pero aún no se puede adelantar nada concreto. El anuncio se hará cuando esté lista la norma", puntualizó.

En contraste, el vocero presidencial Manuel Adorni había señalado que la demora se debía a una decisión política, para evitar que el anuncio sea interpretado como un gesto electoralista, en pleno contexto de negociaciones legislativas y tensiones con sectores de la oposición.

Un equilibrio delicado entre libertad y control

El plan para movilizar los "dólares del colchón" tensiona dos principios centrales: el deseo del gobierno de permitir mayor libertad financiera y el deber del Estado de controlar el origen de los fondos que ingresan al circuito legal. Si bien el Ejecutivo sostiene que la economía no debe investigar delitos, los organismos internacionales, los bancos y los mercados esperan que Argentina mantenga ciertos estándares mínimos de trazabilidad.

En ese sentido, fuentes cercanas a la Secretaría Legal y Técnica indicaron que se están analizando fórmulas que permitan legalizar el uso de los dólares sin habilitar una "puerta abierta" al lavado de dinero. Entre las posibilidades figuran límites a montos, declaraciones voluntarias, y mecanismos de trazabilidad simplificada.

Una apuesta estructural

Más allá de las dificultades técnicas, el gobierno libertario apuesta fuerte a esta medida como parte de su transformación estructural del régimen monetario. El propio Milei lo definió como un "blanqueo sin impuestos", pero también como una declaración de principios sobre el rol del Estado: menos intervención, más libertad individual.

"El dinero es del ciudadano. El Estado no tiene por qué preguntarle de dónde lo sacó ni cómo lo quiere usar", reafirmó el Presidente.

Si se concreta, será uno de los movimientos financieros más audaces en décadas. Si fracasa, quedará como un nuevo intento -como tantos otros en el pasado- de tentar a los argentinos a confiar en un sistema del que históricamente desconfían. (IProfesional).