En una audiencia realizada este lunes, se hizo lugar a una suspensión de juicio a prueba a favor de un hombre de 24 años, quien enfrentaba una causa por acceso ilegal a datos informáticos y estafa en perjuicio de un médico. El sujeto, que trabajaba para un centro oftalmológico de propiedad de la víctima, había sacado un crédito por una importante suma de dinero a nombre del galeno y luego se había transferido parte de esos fondos a su cuenta, utilizando a un tercero para efectuar la maniobra fraudulenta. 

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, que conduce Diego Hevia, quien dio dictamen favorable para la aplicación de dicha probation, cuyo plazo será por el término de un año.

Según la acusación, los hechos ocurrieron el 23 de mayo de 2024, cuando el imputado ingresó sin autorización a la cuenta de Home Banking de la víctima, a quien conoce porque lo ayuda en su consultorio médico. Así gestionó un crédito personal por $14.000.000 y luego transfirió la suma de $5.000.000 a la cuenta de otra mujer (sería paciente del consultorio). Con esta última, se comunicó posteriormente simulando ser el propietario de los fondos, diciéndole que había realizado la transferencia erróneamente y solicitándole que se los devolviera, pero esta vez a su cuenta personal. La maniobra fraudulenta fue descubierta por la víctima cuando advirtió que figuraban $9.000.000 extras en su cuenta, la solicitud del préstamo y el movimiento asociado con la otra mujer.

Cabe destacar que la entidad crediticia ya le devolvió el dinero a la víctima porque se reconoció que había una vulneración a sus mecanismos de seguridad.

Reparación económica y tareas comunitarias

La aplicación de la suspensión de juicio a prueba por 12 meses fue validada por el juez interviniente. Entre los términos acordados por las partes se estableció que el imputado deberá realizar tareas comunitarias todas las semanas en la Escuela Carlos Pellegrini de Villa Hilleret, departamento Río Chico, y el pago de una reparación económica al damnificado por la suma de $1.500.000, más una serie de reglas de conducta.

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