La Unidad Especializada de Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal, a cargo de Diego López Ávila, pidió esta mañana una audiencia para la reapertura de los plazos procesales contra Ulises Martín Orosco Moya (28) quien fue habido el pasado miércoles 9 de abril en Catamarca y extraditado el lunes 14 a nuestra provincia (al contar con una orden de captura y rebeldía dispuesta el 12 de marzo cuando se fugó del lugar de detención).

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal, Fernanda Antoni Piossek, señaló que el 20 de diciembre (cuando se lo acusó como jefe de una asociación ilícita –ver aparte-) se le había ordenado la prisión preventiva que vence el 20 de junio. “Se le atribuyeron una totalidad de nueve hechos delictivos siendo el más importante la asociación ilícita en calidad de jefe de la organización (los otros tienen que ver con delitos de estafa y receptación dolosa).

En el día de ayer se formularon cargos a un nuevo coimputado (“Nico” Barrionuevo)”, explicó la representante del MPF. En el marco de otro legajo, Orosco Moya ya fue condenado a la pena de 4 años y 10 meses (8 de mayo de 2024). Finalmente, la jueza actuante hizo lugar al planteo para la reapertura de los plazos y que permanezca alojado en la Unidad 1 de Villa Urquiza. 

El jefe

Aproximadamente desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, dentro del territorio de la provincia de Tucumán, varios sujetos, previo acuerdo de voluntades y división de roles asignados, desempeñándose uno de ellos como jefe (Orosco Moya) y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios patrimoniales y económicos, mediante la obtención en forma constante de rodados con pleno conocimiento de que habían sido sustraídos a diversas víctimas y estaban denunciados como robados.

Debido a la situación irregular en que se encontraban estos vehículos, los miembros de la asociación los adquirían sin la documentación pertinente o sin efectuar la correspondiente transferencia. Asimismo, modificaban sus características externas, ya sea cambiando su color, quitándole sus chapas patentes o cambiando las mismas por otros dominios. Una vez obtenidos los rodados, utilizaban documentación apócrifa y así procedían a venderlos.

Algunos de los sujetos se encargaban de obtener las motocicletas, efectuando estos desapoderamientos cuando las víctimas estaban conduciendo o cuando habían sido dejadas en estacionamientos. Otros imputados se encargaban de recibir motos, con pleno conocimiento de que las mismas provenían de hechos ilícitos. Luego de ello, el líder y ahora imputado se encargaba de adquirir la documentación adulterada de las motocicletas, siendo que en esos instrumentos se consignaban titulares falsos. Al momento de tener las motocicletas en cuestión y la documentación, la organización vendía eses rodados mediante engaños a compradores de buena fe.

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