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ARGENTINA

20 de enero de 2025

Ya es oficial la desregulación en materia alimenticia: los cambios en el Código

Se publicó un decreto que modifica el Código Alimentario Argentino: ahora, países con los que existan tratados de integración sanitaria podrán exportar hacia la Argentina “sin restricciones”.

“Buscamos alimentos más baratos para los argentinos y más alimentos argentinos para el mundo”, sintetizó el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger. ¿El motivo? La desregulación en materia alimenticia que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

El Decreto 35/25 tiene la firma del Presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete Guillermo Francos y la de su par, el ministro de Salud Mario Lugones. En el cuerpo del decreto se detalla lo que Stuzenegger calificó en su cuenta de X como “una revolucionaria desregulación en materia de exportación e importación de alimentos”.

“Para la exportación levantamos todas las mochilas que le imponía el Estado argentino a nuestros productores de alimentos. De ahora en más no podrá pedirles nada, y solo estará para emitir los certificados que el productor le requiera por ser requerimientos del país importador”, celebró el funcionario.

Y calificó que “el Estado deja de molestar para ponerse al servicio del productor”.

En tanto que en materia de importaciones, sostuvo que la medida establece que “alimentos con certificación en países de alta vigilancia podrán entrar sin restricciones al país y serán automáticamente incorporados al Código Alimentario Argentino”.

“Se eliminan las obligaciones de registrar y autorizar: muestras, productos, establecimientos, depósitos, utensilios y envases (32 hojas de trámites)”, celebró.

STURZENEGGER Y EL CASO DEL AJO ARGENTINO

Según destacó el ministro, uno de los más integrantes del Gabinete más ponderados públicamente por el Presidente Milei, “en estos meses innumerables empresas nos han comentado las increíbles peripecias que tenían que sortear para satisfacer requerimientos locales que no eran requeridos por el mercado destino”.

“A un productor que necesitaba certificar una muestra para ver si podía abrir el mercado de EEUU le pedíamos que primero montara la fábrica”, aseguró.

Y puso como ejemplo la situación de quienes comercializan el ajo argentino en el Exterior: “A vendedores de ajo que se iba a usar para hacer pasta en Asia les hacíamos medir el tamaño de cada cabeza (sic)”.

“En fin…. El mandato de Javier Milei es el de sacar al Estado del medio y facilitar la producción. ¡Viva la Libertad Carajo!”, celebró.

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EL DECRETO Y LOS CAMBIOS

En el cuerpo se plantea como tesis central la noción de evitar la duplicación de tareas y controles, con el afán de eficientizar la tarea de los funcionarios.

“La documentación y los controles ordenados sobre los productos importados desde países que exigen parámetros de vigilancia similares o superiores a los establecidos por nuestra legislación terminan superponiéndose con los requisitos y los trámites estipulados en las normas anteriormente expuestas”, indica uno de los considerandos.

En otro párrafo, se expresa que “esa doble exigencia duplica los controles ya efectuados por los países de origen que, en algunos casos, aplican estándares superiores a los nacionales y se traduce en cargas registrales y regulatorias redundantes que generan dilaciones y gastos infundados”.

Por eso, el Gobierno dispuso que “se considerarán satisfechas las exigencias del Código Alimentario Argentino en el caso de importaciones de productos alimenticios y/o envases que cuenten con certificación emitida por los países individualizados en el Anexo III del presente decreto o cuando los Estados utilicen las normas del “Codex Alimentarius” (FAO/OMS)”. Y que “quedan eximidos de la obligación de ser incorporados al Código Alimentario Argentino (CAA)”.

A su vez, en materia exportadora se plantea: “toda vez que los países a los cuales se exportan los productos alimentarios fijan sus propios requerimientos y condiciones para perfeccionar la operación, deviene innecesario que el Estado exija requisitos adicionales que afecten dichas transacciones”.

“El Poder Ejecutivo Nacional se ha comprometido a minimizar a su máxima expresión los trámites burocráticos y la incidencia gubernamental en el sector privado con el objeto de incentivar el comercio, la industria e impulsar el desarrollo económico del país”, calificaron.

Y cerraron: “En dicho entendimiento, se considera que las actividades económicas son el verdadero motor del desarrollo y la prosperidad de la Nación, por lo que merecen libertad de acción que permita su crecimiento, todo ello, sin perder de vista la protección de derechos fundamentales como la salud de los ciudadanos”.

 

 

 

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