Este jueves, por requerimiento de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, liderada por Diego López Ávila, se realizó una audiencia para proponer un acuerdo de juicio abreviado rubricado junto a Jorge Abel Carrizo y su defensa técnica. El imputado llegó a esta instancia acusado de formar parte de una organización delictiva que se dedicaba a adquirir vehículos robados y ponerlos en venta. 

Según la acusación, las maniobras habrían sido realizadas, aproximadamente, entre mayo y noviembre del 2023 dentro del territorio de la provincia de Tucumán. 

En esta oportunidad, la auxiliar de fiscal Fernanda Antoni Piossek informó que las partes pactaron condenar a Carrizo a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y reglas de conducta, al hallarlo penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro. Cabe recordar que la causa ya fue declarada como asunto complejo a raíz de la multiplicidad de imputados, hechos y víctimas. 

Por otro lado, Piossek remarcó que el lunes pasado (23 de diciembre) fue condenado otro sujeto implicado en este caso. Se trata de Víctor Manuel Romano Santillán que, también mediante un convenio abreviado, recibió la pena de tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. Finalmente, con respecto a Carrizo, el juez resolvió aceptar el acuerdo pleno de juicio abreviado celebrado y dejó firme la sentencia, ya que las partes aseguraron que no interpondrán recursos apelativos.

La acusación

Desde mayo del 2023, aproximadamente, hasta fines de noviembre del 2023, Carrizo, César Maximiliano Pacheco (empleado policial), Gabriel Alexis Bellino, Enrique Alfredo Mendoza, Santiago Maximiliano Pessoa (empleado policial del 911), Gustavo Nicolás Ávila, Romano Santillán y otros sujetos no identificados, desempeñándose Pacheco (empleado policial) como jefe y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron solidaria y dolosamente con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios patrimoniales y económicos mediante la obtención de rodados (motocicletas, automóviles, camionetas) con pleno conocimiento de que habían sido utilizados en hechos ilícitos o que habían sido sustraídos y se encontraban denunciados como robados.

Debido a la situación irregular en que se encontraban estos rodados, los miembros de la asociación los adquirían sin la documentación pertinente o sin efectuar la correspondiente transferencia. Asimismo, a fin de evitar que estos rodados sean debidamente individualizados, los integrantes de la asociación modificaban sus características externas ya sea cambiando su color, quitándole sus chapas patentes o cambiando las mismas por otros dominios, incluso adquiriendo rodados desde otras provincias (por ejemplo, Buenos Aires). Una vez obtenidos los rodados, utilizaban documentación apócrifa de los vehículos y procedían a venderlos, simulando que los mismos no contaban con pedido de secuestro o no se encontraban siendo buscados por la justicia. Dentro de estas funciones, otros sujetos no identificados se encargaban de robar motos cuando las víctimas estaban conduciéndolas o cuando habían sido dejadas en estacionamientos o cocheras. 

A su vez, también les entregaban las motocicletas a Carrizo, quien las recepcionaba con pleno conocimiento de que las mismas contaban con documentación apócrifa y las vendía a terceros para deshacerse de las mismas. En todas estas actividades mencionadas, Pacheco tenía el rol de jefe, convocando a los integrantes y valiéndose de sus conocimientos y contactos, distribuyendo las tareas que cada uno llevaría a cabo y la forma en que las realizarían para evitar ser descubiertos. Con todo ello, los integrantes de la asociación causaron un perjuicio al orden público.

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