En su condición de presidenta del Grupo de Amistad Parlamentario con la Federación Rusa, la diputada nacional Marcela Pagano se pronunció este miércoles navideño respecto de los hechos que rodearon el incidente diplomático con dos funcionarios rusos en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de que los mismos se resistieran a hacer testeos de alcoholemia por controles de tránsito, la diputada del oficialismo habló de “desinformación” de parte de algunos medios de comunicación sobre lo que consideró una “grave violación de los agentes diplomáticos de la Federación Rusa”.

“Los agentes diplomáticos y consulares se rigen por un convención internacional la cual Argentina es parte y por ende está sometida a sus derechos y a sus obligaciones. Estas representan mociones diplomáticas, tiene entonces un status especial en todos los países que suscriben la convención”, señaló en un extenso pronunciamiento en su cuenta de la red social X.

De esta manera, continuó, “el artículo 31 de la convención en su inciso 4 establece que ‘…los medios de transporte no podrán ser objetos de ninguna requisa” a su vez el art 42 también agrega que no están sujetos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas. Esto incluye controles vehiculares’”.

A la diputada libertaria le resulta “preocupante” que los controles de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires hayan violado a su juicio “obligaciones internacionales del Estado Nacional Argentino”. Y planteó: “De la misma manera que exigimos a las demás naciones que respeten a nuestras misiones diplomáticas, bienes y transportes en el exterior, debemos respetar a las misiones acreditadas en nuestro país”.

Así las cosas, anticipó que presentará una denuncia penal “a los fines de que se investigue la conducta de los agentes de tránsito a los fines de deslindar las responsabilidades del área”.

La denuncia de Pagano

A última hora de este miércoles se conoció el texto de la denuncia penal de la diputada de La Libertad Avanza, dirigida contra el subsecretario de Tránsito, Darío Antiñolo, y Leandro Ricciardi, director general del Cuerpo de Agentes de Tránsito, y/o aquellos funcionarios del Gobierno de la Ciudad que podrían tener intervención antes, durante o después de los hechos, sea para la comisión de ilícitos, para destruir medidas de prueba o encubrir hechos delictivos.

Se les atribuyen los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Según Pagano, el episodio pudo haber sido “planificado con la única finalidad de afectar las relaciones de nuestro país con una potencia extranjera”. Y advierte que “en el contexto actual, la violación de convenciones internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas resulta especialmente inoportuna y preocupante, dado el complejo escenario en el que Argentina está exigiendo que otros estados respeten los derechos de sus ciudadanos en el extranjero”.

Pone como ejemplo la diputada el caso del gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, que a su juicio subraya la relevancia de la reciprocidad y del respeto mutuo en las relaciones diplomáticas. “Actuar de manera contraria pone en riesgo la legitimidad de los reclamos que el Estado argentino realiza en foros internacionales”. Parlamentario.