Este martes, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, que conduce Mariana Rivadeneira, imputó a tres personas (un masculino – de 50 años- y dos femeninas – de 23 y de 27 años-) por el delito de malversación de bienes en calidad de partícipes necesarios. Por esta causa, declarada como asunto complejo, ya están con prisión preventiva padre e hijo (una de las imputadas es esposa del hombre de 58 años). 

En la audiencia, la auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, se refirió a las características del hecho (ver aparte) donde se investiga el acopio de gran cantidad de mercadería de Desarrollo Social (cuya venta se encontraba prohibida), la cual había sido desviada del destino de donación para los sectores más vulnerables de la provincia. “No sólo se desvió la mercadería sino que se afectó a personas vulnerables que esperaban recibirla para saciar una necesidad alimenticia.

 En este caso, había plazos de entrega que estaban ampliamente cumplidos y, sin embargo, seguían en los lugares allanados. Según los testigos de la investigación, la mercadería era vendida lo que ha requerido una gran logística y la participación de muchas personas quienes se inscribían como representantes de los bloques o de movimientos para lograr el cúmulo de mercadería y acaudalar así la venta”, afirmó la representante del MPF y la participación de los involucrados. Seguidamente, Deroy pidió la prisión preventiva hasta el 28 de febrero atento a los riesgos procesales (inexactitud de domicilios). “Ya tenemos a seis personas involucradas (uno de ellos se encuentra prófugo por lo que se dictó el pedido de captura). En libertad pueden destruir o modificar evidencia y esto se evidencia que en el cuarto allanamiento ya apareció documentación de una de las imputadas (que no estaba en las anteriores medidas practicadas allí). 

Los testigos vecinos nos dijeron que tienen miedo tanto en Alderetes como en Manantial Sur. Les pedían sus documentos, pero nunca le hacían llegar los módulos alimenticios. Estas personas se han animado a declarar después de avanzada la investigación donde se ha declarado prisión preventiva para dos de ellos”, agregó. Lo expuesto fue respaldado por la querella en representación del Gobierno de la Provincia. En tanto, las defensas solicitaron el arresto domiciliario. Luego de escuchar a las partes, el juez interviniente hizo lugar parcialmente al requerimiento de la Fiscalía, reduciendo el plazo hasta el 5 de febrero.

La teoría del caso

Entre fechas 19 de enero y el 20 de noviembre del corriente año, el hombre de 58 años, mediante órdenes de entrega emitidas por el Ministerio de Desarrollo Social, retiró en diferentes fechas, de un depósito de la localidad de Alderetes, a nombre del beneficiario Movimiento Provincial Tucumán, mercadería perteneciente al erario provincial, cuya venta se encuentra prohibida, y que le había sido confiada para su distribución al masculino para ser entregada a distintos dispositivos alimentarios.

 Como consecuencia de un hallazgo casual en el domicilio sito en barrio Manantial Sur de esta ciudad capital, lugar de residencia de padre e hijo, mientras se llevaba a cabo el allanamiento en fecha 25 de noviembre (ordenado en el marco del legajo sobre lesiones leves agravadas contra el hombre de 39 años) se pudo constatar la existencia en dicho domicilio del acopio de gran cantidad de mercadería cuya venta se encontraba prohibida, y de documentación que da cuenta de la comercialización de la mismas, que habían sido retirada por el padre, quien la desvió del destino de donación para los diferentes dispositivos alimentarios de sectores vulnerables, con el fin de venderlas en beneficio propio, todo ello con la necesaria colaboración de su hijo quien es empleado de la Honorable Legislatura de Tucumán. La mercadería hallada de manera casual, en el barrio Manantial Sur, consistió en: 66 fardos de puré de tomate; 41 fardos de aceite; 90 fardos de arroz; 118 fardos de yerba; 63 fardos de fideos; 119 fardos de harina 000; 101 fardos de lenteja; 79 fardos de azúcar; tres fardos de harina 0000; y 4 cajas de leche en polvo. 

“Eran personas de confianza que retiraban en cada fecha mercadería que se acopiaba en una casa (del barrio Manantial Sur) para ser vendida. Es una participación sumamente necesaria porque sin esa contribución no hubieran logrado contar con esa magnitud de mercadería (que hemos encontrado en cuatro oportunidades y en distintos allanamientos en ese domicilio). Debían encargarse de la custodia de la mercadería, sin embargo, la desviaban para su venta”, detalló la Auxiliar de Fiscal sobre el rol que tenían los nuevos acusados..

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