El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó esta semana un escrito ante la Justicia Federal para reclamar que la única entidad que puede revisar las cuentas externas de esa casa de estudios es la Auditoría General de la Nación (AGN), y no la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como ordenó el presidente Javier Milei en las últimas semanas.

El escrito fue presentado ante el fuero contencioso en lo administrativo federal con la firma del rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el patrocinio del abogado Sergio Pascale, para pedir la emisión de una medida cautelar que impida que la SIGEN audite esa casa de estudios.

Según informó el diario Clarín, el titular de la casa de estudios porteña pidió que se declare la inconstitucionalidad de un artículo de la reglamentación de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del sector público nacional.

Lo que ocurre es que, como bien adelantaron otros abogados constitucionalistas, la SIGEN depende del titular del Poder Ejecutivo mientras que la AGN está en la órbita del Congreso, por lo que queda en manos del Legislativo decidir si audita o no a la UBA, que es un ente autárquico.

Por eso también se pidió una acción declarativa de certeza, y se hizo una reserva de caso federal para llegar hasta la Corte Suprema en caso de que sea necesario defender el "principio de división de poderes y la autonomía y autarquía de la Universidad de Buenos Aires, consagradas en el art. 75 inc.19 de la Carta Magna".

El gerente de Control del Sector Social de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), José Fretes, notificó el lunes de esta semana al Rectorado de la UBA que comenzarán los trabajos de auditoría en esa casa de estudios.

Todavía no está claro si ocurrirán medidas similares en otras universidades públicas nacionales, pero como primera medida el Gobierno decidió comenzar por la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como respuesta, la UBA solicitó que la Justicia Federal "decrete una medida cautelar a fin de que el PEN y la SIGEN se abstengan de realizar cualquier tipo de acción vinculada con intervenciones a esta Universidad, bajo el nombre de auditorías y/o cualquier otra denominación que implique el control interno, particularmente considerando que decidió unilateralmente la realización de una auditoría a partir del próximo 28 de octubre, careciendo de competencia para ello".

También se pidió que se "ajuste la conducta al respeto irrestricto de la normativa aplicable en esta Universidad (Resoluciones (CS) Nº 8237/13 y 1920/18) y también a la interpretación pacífica de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuración del Tesoro de la Nación hasta el dictamen que luce en IF-2024-112489009- APN-PTN y de la reflejada en los actos de la propia SIGEN al menos desde el año 2013".

"Todo ello hasta tanto se dicte sentencia de fondo pasada en autoridad de cosa juzgada. 6.- Oportunamente, se haga lugar a la demanda promovida, en todas sus partes, en los términos y alcances precisados, y se declare la inconstitucionalidad del art. 8 del Decreto 64 Reglamentario 1344/07 y la incompetencia de la SIGEN para realizar el control interno, en el marco de la ley 24.156, de esta Universidad, con expresa imposición de costas", consta en la presentación legal.

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