La semana pasada el vocero presidencial, Manuel Adorni, lo jel ministro de Economía Luis Caputo adelantó este domingo que en el caso de que el Congreso rechace el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno irá a la Justicia.

El argumento que utilizarán en ese ámbito es el que ya expresó precisamente en el texto del veto: “Están presentando un gasto sin contrapartida”, señaló el ministro en el programa La Cornisa, de La Nación+.

Caputo señaló que en el caso de que las dos cámaras logren los dos tercios para rechazar el veto presidencial conocido el jueves pasado, “lo vamos a apelar, porque está mal”. Explicó el funcionario que “lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”.

“Probablemente lo haremos por la vía de la justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón”, señaló Caputo, quien consideró “lógico” que el tema se discuta en el marco del debate del Presupuesto 2025. Ese es para él lo que sería lógico.

En otro pasaje puso como ejemplo los recursos de las universidades y citó el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde 2020 a 2023, dijo, “recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard”.

El veto figura en el decreto número 879 y dice que “citando el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional recuerda que se debe exigir de forma expresa que ‘toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento’”.

Recuerda además que el reglamento de la Cámara de Senadores, en su artículo 126, prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento, a fin de justificar la viabilidad del mismo”. Señala el texto que los artículos 3° y 4° del proyecto de ley implicarían para el Estado nacional, al mes de agosto de 2024, incrementar el presupuesto vigente por la suma de $251.907.500.000 en las partidas de las actividades 14, 15, 16 y 25 del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” del Servicio 330 “Secretaría de Educación”, sin perjuicio del impacto de la actualización que pudiera corresponder por el período septiembre – diciembre del actual ejercicio.

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