La estrategia judicial diseñada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, recibió un freno de parte de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa en que se investiga el abuso de poder y la violación de los deberes de funcionario público por la supuesta acción de acopiar y dejar vencer 6 mil toneladas de alimentos. La justicia falló en contra de un pedido de la funcionaria y del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quienes solicitaron recurrir a la Corte por este asunto. 

Por unanimidad, la Sala II, integrada por los jueces Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar, y de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esa instancia, Raúl Omar Pleé, resolvió rechazar por «falta de la debida fundamentación» el recurso extraordinario para ir a la Corte que presentaron Barra y la subsecretaria Legal del Ministerio De Capital Humano, Leila Gianni.

Además, la Cámara determinó que el Ministerio también deberá pagar las costas del proceso judicial. 

En esta nueva resolución, Casación explicó que el rechazo al recurso presentado por el gobierno se bajó en que "la parte impugnante no ha cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal establecidos por los arts. 14 y 15 de la ley Nº 48 y el art. 3º, incisos d) y e) de la Acordada nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia (art. 11 de la mencionada acordada), relativos a la demostración de la existencia de cuestión federal y necesidad de fundamentación adecuada de la impugnación".

"La solicitud respecto a la imposición de costas no se encuentra adecuadamente fundada", consideraron los camaristas en su fallo.

Con esa decisión, se agotaron las instancias de recurso judicial para el Ministerio de Capital Humano, que tendrá la obligación de entregar los alimentos que habían quedado almacenados y sin repartir en los depósitos de Buenos Aires y Tucumán. El escándalo se destapó este año, pero los comedores y las organizaciones denunciaron que los faltantes de comida se empezaron a registrar desde diciembre. 

En ese contexto, en febrero “desde la UTEP y el CELS se presentó un amparo colectivo y el reclamo de una medida cautelar para que se garantice de manera urgente el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios, con alimentos de calidad, adecuados y en cantidad suficiente”, señaló un comunicado de esos espacios. Sin embargo, el gobierno extendió los plazos con diversas presentaciones judiciales. 

Además, la semana pasada, el ministerio de Capital Humano salió a mostrar como un logro sus decisiones de política alimentaria. “Se decidió terminar con la intermediación de las políticas sociales”, sostuvo el comunicado de la cartera que hacía un balance de la gestión.

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