En el marco del primer juicio por el delito de intimidación pública, Matteo Santiago Galván fue condenado a la pena de tres años y seis meses de cumplimiento efectivo. Además se le impuso una inhabilitación especial de seis años (al desempeñarse como empleado de la fuerza policial). 

La sentencia fue resuelta por el juez Guillermo Taylor quien hizo lugar a la pretensión punitiva solicitada por la Unidad Fiscal de Cibercriminalidad, que dirige Carlos Saltor. Durante las jornadas estuvo acompañado por los investigadores Jessie Luz García y Felipe Nacusse. 

Luego de lo resuelto, Saltor dijo: “Esta sentencia corrobora la gran decisión del ministro, Edmundo Jiménez, de estar aggiornado a los tiempos que corren y a la evolución de los nuevos ciberdelincuentes. Durante el debate, hemos expuesto la complicación que genera traer a juicio la prueba digital, los teléfonos y el impacto de las antenas, en fin, el entrecruzamiento de datos y la necesidad de tener personal técnico especializado pero también una Fiscalía que está al orden de los tiempos”. 

A continuación, el Fiscal destacó el precedente en nuestro país. “La calificación es por el delito de intimidación pública y es histórico porque no hay antecedentes en Argentina por amenazas de bomba en función a este tipo penal, lo que agrega un condimento especial a esta decisión del juez Guillermo Taylor”, comentó y valoró el trabajo de investigación desarrollado. 

"Quiero agradecer la profesionalidad con la que han trabajo todos los miembros del Ministerio Público Fiscal y resaltar como responsable de esta Unidad Especializada el trabajo comprometido, dedicado y sólido de nuestros integrantes donde hay abogados especializados en delitos informáticos como técnicos especialistas en redes abiertas. Todos lo han hecho en conjunto con mucho compromiso para arribar a esta sentencia". Hasta tanto quede firme lo resuelto, la Fiscalía pedirá (en otra audiencia) el arresto domiciliario. En tanto, la defensa dijo que hará reserva de impugnar la sentencia.

 El caso

Según la acusación, el 28 de julio a horas 8:30 recibieron la denuncia de un empleado de la Secretaría de Trabajo que explicó que a las 8:00 horas, un hombre llamó advirtiendo que había una bomba dentro de la institución y que desalojaran el inmueble. A raíz de eso comenzó a aplicarse el protocolo de evacuación y se cortó la calle en Crisóstomo Álvarez al 100, lo que generó caos en el tránsito y un despliegue policial y de bomberos innecesario ante una falsa alarma.

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