En el mundo judicial sospechan que los grandes estudios de abogados que patrocinan a Eduardo Eurnekian, Eduardo Elsztain y Marcos Galperín redactaron el DNU de desregulación de Javier Milei.

Se trata de los bufetes más grandes de la Capital, que defienden usualmente a los empresarios más poderosos del país. Ellos son Bomchill, Mairal y y Bruchou & Funes de Rioja.

Eurnekian, que armó prácticamente el gabinete de Milei, visitó al presidente en la Rosada el día siguiente a la cadena nacional en la que presentó el decreto que desregula por completo la economía.

Elsztain, el dueño de Irsa, financió la campaña del libertario y se mostró en la asunción del presidente, un evento que evitó históricamente y, como anticipó LPO, fue quien le abrió las puertas al líder libertario para vincularse con la organización judía ortodoxa Jabad Lubavitch.

Galperín, en tanto, festejó el DNU y fue citado por el presidente. "Te mintieron durante 80 años y ayer te dijeron toda la verdad en 10 minutos", dijo el dueño de Mercado Libre.

El titular de la UIA, Funes de Rioja, también celebró el decreto en una entrevista con Radio con Vos en la que la terminó pasando mal. Es que le preguntaron si el estudio que fundó y lleva su apellido, había participado en la redacción del decreto.

Funes de Rioja se puso nervioso, titubeó y trató de desligarse del manejo del estudio, aunque en ningún momento negó que el bufete haya participado de la redacción del DNU.

"No tengo vinculación directa con el manejo", dijo el titular de la UIA, que le tiró la pelota a sus socios. "Pregúntele a los integrantes", dijo en referencia al estudio de abogados y reconoció que su familia lo integra.

Como explicó LPO, la redacción del DNU viene levantando polémica desde el inicio por sus irregularidades. La canciller Diana Mondino firmó como si estuviera en Buenos Aires pero estaba en París, lo que para el peronismo es motivo de nulidad.

El decreto salió sin fecha, por lo que se retrasó su implementación hasta el 29 de diciembre. Y en el mundo judicial creen que no se trató de un error sino que justamente no tuvo fecha porque llegó redactado desde los estudios de abogados.

Otra de las sospechas que levanta el DNU, que es un hecho autónomo del Poder Ejecutivo y ni puede ser redactado por estudios de abogados, es que no tiene número de expediente y no tiene dictamen jurídico ni técnico de ningún organismo ni ministerio, lo que representa un elemento de vicio administrativo.

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