Son 43 los uniformados imputados en la causa cuyo requerimiento de elevación a juicio fue leído en la apertura de la primera jornada. A lo largo del juicio prestarán declaración cerca de 200 testigos.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen Gerardo Arch, Rafael Heredia Carreño y Adrián Sollazo. En tanto, el tribunal está integrado por los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio formulado oportunamente, los hechos intimados a los imputados son que en fecha 08 de diciembre de 2013, a partir de horas 20:00, procedieron a organizarse en grupos, miembros en actividad y retirados de la policía de Tucumán, para conformar un autoacuartelamiento  con el presunto fin de obtener determinados beneficios y mejoras salariales.

Los mismos se trasladaron  hacia la Subjefatura de Policía, cortando el tránsito vehicular con sus autos y motos particulares, impidiendo mediante el uso de violencia y esgrimiendo armas de fuego, el ingreso y egreso de personal y vehículos del Sistema 911, pernoctando en el lugar.

Posteriormente, ingresaron sin autorización el día 09 de diciembre de 2013, armados al predio de la Subjefatura y utilizando la violencia ocasionaron daños contra distintos bienes de dominio público, obligando al personal que se encontraba cumpliendo funciones a sumarse al reclamo y omitir la prestación de ayuda, colaboración o auxilio formulado por personal civil, reteniendo contra su voluntad a un número indeterminado de empleados.

Dichas actividades derivaron en la producción de múltiples delitos por terceras personas que en forma indiscriminada y en cadena aprovecharon para dirigirse en grandes grupos dispersados los días 9, 10 y 11 de diciembre del 2013 hacia distintos puntos de la Ciudad Capital de San Miguel de Tucumán y alrededores dando lugar a la comisión de ilícitos contra la propiedad y las personas de los que resultarían perjudicados varios comercios, casas particulares y ciudadanos, perturbando y poniendo en peligro en forma directa y grave los poderes provinciales constitucionalmente instituidos y la paz pública, al generar en la población un temor cierto acerca de la seguridad común, afectando de este modo el orden público, implicando un verdadero alzamiento en armas contra el poder público Provincial.

Imputaciones 

Las acusaciones son por los delitos de sedición agravada por su condición de agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas de fuego en concurso real con los delitos de incitación a la violencia colectiva contra la institución policial de la provincia de Tucumán, impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra, privación ilegítima de la libertad por pertenecer a la fuerza de seguridad y coacción agravada con el fin de obtener concesiones de los miembros del poder público agravada con el fin de obtener concesiones de los miembros del poder público provincial.

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