La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira, avanza con las investigaciones a raíz de las amenazas de bombas que vienen sufriendo distintos establecimientos educativos de la provincia.

Hasta el momento se realizaron cinco audiencias de formulación de cargos donde fueron imputadas seis personas por el delito de intimidación pública, de las cuales cuatro quedaron detenidas con prisión preventiva, entre ellas, una alumna de 18 años.

“Hay que concientizar a la comunidad que estos actos son un delito, no se trata de una broma. Por esto, como política criminal que seguimos desde el MPF, vamos a ser indolentes con este tipo de accionar porque nadie puede ignorar el enorme perjuicio que provoca”, expresó la fiscal Rivadeneira, al tiempo que señaló que hay cerca de 70 causas abiertas y que en los próximos días continuarán las imputaciones. “Este es el inicio, son las primeras de muchas intimaciones y formulaciones de cargos previstas contra aquellas personas relacionadas con los hechos”, sostuvo la investigadora.

Graves consecuencias

Desde la fiscalía explicaron que, de ser hallados culpables, la escala penal prevista por este tipo de actos va desde los 2 a 6 años de prisión cuando no se constatare la existencia de explosivos; y si los hubiere, la pena asciende hasta los 10 años.

“Estamos ante hechos graves que alteran el orden público y que además afectan grandes recursos del estado al poner en marcha el procedimiento de evacuación (movilización de personal de tránsito, bomberos, ambulancia y agentes estatales)”, sostuvo la representante del MPF al explicar las consecuencias e hizo hincapié en la posición tomada desde la Unidad Investigativa:

“Como medidas para garantizar el proceso hemos pedido la prisión preventiva de los acusados y la inhibición general de bienes, librándose los oficios por la suma de $3.000.000 para cada uno”. Por otro lado, la fiscal instó a las instituciones educativas a colaborar con las investigaciones: “No basta solo con poner en conocimiento una situación de este tipo o quedarse solo con las denuncias. Las instituciones tienen el deber de comunicar cualquier dato que tengan acerca de los hechos, ya que omitir información podría recaer en el delito de encubrimiento”, enfatizó.

Medidas

En cuanto al avance de las causas, se informó que continúan realizándose tareas conjuntas entre Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y la policía. En este sentido, Rivadeneira indicó que en la jornada de ayer se hicieron allanamientos en cinco domicilios de la capital tucumana y sus alrededores en busca de teléfonos, computadoras y equipos de almacenamiento.

Según confirmó, los mismos tuvieron resultado positivo, ya que se secuestraron varios elementos de interés para las investigaciones y que serán remitidos al cuerpo de peritos del ECIF para sus respectivos análisis y extracción de datos.

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