La Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira, continuó con las audiencias de formalización de cargos por amenazas de bombas que vienen sufriendo distintos establecimientos educativos de la provincia. La auxiliar de fiscal, Julieta Molé, por expresas instrucciones de la fiscal titular endilgó a una mujer, de 60 años, y a un hombre, de 46 años, el delito de intimidación pública en concurso real y en calidad de coautores, por un hecho ocurrido el 1 de agosto en perjuicio del Colegio San Francisco/Padre Roque Correa, establecimiento ubicado entre calles Maipú y Marcos Paz de San Miguel de Tucumán. 

Luego de detallar el ilícito (ver abajo), la investigadora pidió que se imponga la prisión preventiva por dos meses. "Se dan los presupuestos materiales y la participación de los imputados. La conexión IP está asociada a los domicilios de los imputados (en Lomas de Tafí y en calle Bolívar). Al momento del hecho tenían conocimiento que esto afecta a la sociedad. Nadie desconoce lo que nos aqueja a nosotros y a nuestras familias. Han tenido difusión y hubo una campaña de prevención sobre las consecuencias penales, lo que significa un desinterés por el apego de las leyes. No se trató de una simple llamada sino que crearon correos electrónicos falsos para llevar a cabo este ilícito. No resulta menor que la institución educativa está ubicada en pleno centro”, expresó la Auxiliar de Fiscal, quien mencionó medidas pendientes (identificar las celdas de ubicación, la ampliación de los informes de Google y socioambiental en ambos domicilios a los fines de determinar los dispositivos que utilizaban). 

Posteriormente, como medida cautelar de índole civil para la reparación del daño, Molé pidió la inhibición general de bienes librándose los oficios por la suma de $3.000.000 para cada uno. “Fundando en la razón prevista por la norma y en representación de los interés del Estado, teniendo en cuenta la naturaleza del bien jurídico protegido y la puesta en marcha de protocolos de actuación que generó gastos de magnitud a la Provincia", esgrimió la representante del MPF. Finalmente, el juez actuante dispuso hacer lugar, parcialmente, al pedido de la Fiscalía por el término de 29 días, disponiendo el traslado de los acusados al servicio penitenciario de Villa Urquiza y de Banda del Río Salí, respectivamente.

La acusación

El martes 1 de agosto del corriente año, siendo las 11:06 horas, la acusada existiendo acuerdo de voluntades con el imputado y con intenciones de causar temor público, enviaron un correo electrónico a la casilla de correo del Colegio San Francisco, ubicado entre calles Marcos Paz y Maipú de San Miguel de Tucumán. Para el envío del mail utilizaron una conexión a internet de la empresa cuya titular es la mujer (desde el IP asociado al domicilio ubicado en barrio Lomas de Tafí, Tafi Viejo). 

En el asunto de dicho correo indicó “Amenaza de bomba” y en el contenido “Hay explosivos en el edificio”. Asimismo y de manera conjunta y coordinada entre ambos previo acuerdo de voluntades, fue que ese día, siendo las 11:13 horas, con intenciones de causar temor público, enviaron un correo electrónico desde una casilla de correo al mail del Colegio San Francisco. Para el envío del mismo utilizaron una conexión a internet de la empresa que es titular el imputado (desde el IP asociado al domicilio ubicado en calle Bolívar al 1500 de esta ciudad capital).

En el asunto de dicho correo indicaron: "Código Negro" y en el contenido "evacuar lo más rápido posible, explosivos en la institución". De esta manera provocaron temor entre los miembros de la Escuela y la población en general, debiendo a consecuencia intervenir personal policial y bomberos, quienes aplicaron protocolo para el caso, evacuando del establecimiento escolar a la totalidad de las personas que se encontraban en su interior, a fin del registro del lugar, consistiendo en 35 docentes y 560 alumnos de la Escuela Padre Roque Correa y 25 docentes, 519 alumnos y 6 miembros del personal administrativo del Colegio San Francisco. Asimismo, provocaron tumulto y caos en el tránsito, mientras se aplicaba dicho protocolo preventivo.

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