Cada día se develan novedades sobre la propuesta de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Después de que el Ejecutivo anunciara la convocatoria a sesiones extraordinarias, que implicaría el inicio de la actividad legislativa el 23 de enero hasta el 28 de febrero, el bloque de Diputados oficialistas no esperó ni 24 horas para presentar el proyecto que podría determinar la remoción de los cuatro jueces de la Corte, una de las principales disputas de poder que llevará adelante la administración de Alberto Fernández.

En su formalidad, el proyecto de resolución para abrir en el Congreso el juicio político contra los miembros de la CSJN por mal desempeño de sus funciones fue presentado este viernes por el diputado Eduardo Valdés (Frente de Todos) y contempla la citación de los cuatro jueces a la comisión de Juicio Político en el Congreso. "Si bien somos minoría porque la oposición dice que no dará quórum, con el devenir de las pruebas contundentes" el proyecto "podría sumar mayores respaldos y construir mayorías", aseguró el legislador.

La convocatoria a citaciones también incluye a Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Horacio Rosatti, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad porteño, ambos denunciados por planear una estrategia para disponer las bancas del Consejo de la Magistratura. También fueron incluidos en el texto juristas de renombre, como Eugenio Zaffaroni, Baltasar Garzón y Eduardo Barcesat, junto a funcionarios y peritos que integran las instituciones del Poder Judicial, como Héctor Marchi, Joaquín Alperovich, Carmen Odasso, María Cristina Interlandi, Enrique de Vedia u Oscar Fernández.

"Los gobernadores son los únicos agentes naturales del gobierno federal, de acuerdo a la Constitución, y por lo tanto deben ser oídos en todas estas cuestiones y la Corte no los consultó, Eso muestra la parcialidad de este tribunal", señaló Eduardo Valdés en declaraciones a Télam. Tanto los gobernadores que firmaron el pedido de juicio político como el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, serán convocados en caso de ser aprobado el proyecto.

Finalmente, e incluyendo al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el listado de citaciones incluye una decena de organismos que trabajan en caso de violencia institucional y en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia: Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S.; el CELS; la APDH; la Liga Argentina por los Derechos Humanos; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y la Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, entre otras.

"Si bien la lista suma 35 citaciones, más la de los cuatro jueces de la Corte, la nómina podría ampliarse, ya que el proyecto establece además que se presenten a declarar secretarios y empleados del máximo tribunal que la comisión considere que aportarán a la investigación", sostiene el texto del proyecto. En ese sentido, Eduardo Valdés prometió un juicio "público y televisado de cara a la sociedad".

Fuente:ambito

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