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9 de noviembre de 2021

Juan Pablo Schiavi, a un paso de obtener la libertad condicional

Cumplió los dos tercios de la condena por la Tragedia de Once. Su defensa planteó hace meses el cumplimiento de los plazos. La fiscalía avaló: define juez Gorini

El exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi está en condiciones de acceder a la libertad condicional tras haber cumplido más de los dos tercios de la condena impuesta en el juicio por la Tragedia de Once. Con el trámite presentado hace varios meses, el exfuncionario ya cumplió holgadamente con lo que establece la ley para acceder a este beneficio y hasta obtuvo el visto bueno del fiscal de Nicolás Czizik, a cargo de la Unidad Fiscal de Ejecución Federal (UFEF) que estuvo de acuerdo con la presentación hecha por la defensa.

La decisión está a la firma del presidente del Tribunal Oral Federal N°2 Jorge Gorini y solo resta la vista corrida a la querella que podría tener tiempo hasta mañana para expedirse. Más allá de los trámites procesales, la definición llega en pleno tramo final de la campaña electoral pero con movimientos judiciales que se remontan varios meses atrás, apenas Schiavi cumplió con los dos tercios de la condena a 5 años y 10 meses de prisión. De hecho, los trámites iniciados por el abogado Maximiliano Rusconi se remontan a junio pasado, donde además, como es usual, el exfuncionario detenido acreditó haber accedido a los “estímulos educativos” –algunos dictados por la Universidad Nacional de Córdoba- que están a disposición de las personas privadas de la libertad para impulsar su resocialización.

Este tipo de régimen no es una excentricidad: se enmarca en lo previsto en el artículo 140 inciso B de la Ley 24.660 de Ejecución Penal en materia de “Régimen de Progresividad de la Pena”, que permite una “reducción por aplicación del estímulo educativo” para los condenados en busca de resocialización. Lo que permite es computar esos cursos como tiempo cumplido de condena. Schiavi cumplió con 59 de esos cursos

El exfuncionario está detenido desde octubre de 2018 tras el rechazo de la Cámara Federal de Casación Penal al recurso extraordinario que cuestionaba la condena. Fue acusado como “partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas”.

 

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