El "manejo irregular y descuidado" en la asignación de celulares y de un centenar de líneas telefónicas por parte de una repartición del Gobierno provincial pudo "haber ocasionado un eventual daño al erario". A esa conclusión se arribó en una comprobación sumaria efectuada por el Tribunal de Cuentas (TC), lo que derivó en la apertura de un juicio de responsabilidad para determinar el alcance del daño patrimonial al Estado provincial.

El órgano de control puso la lupa sobre el ex titular del Ente de Infraestructura Comunitaria (EIC), Jorge Alurralde; y sobre los ex subadministradores de esa área, Gustavo Adolfo Ruiz y José Luis Gómez, según consta en el acuerdo 3.882 del TC. 

Se trata de los responsables de al anterior gestión del EIC, que actualmente conduce el ex legislador Christian Rodríguez.

El juicio de responsabilidad tramitado por el Tribunal de Cuentas estuvo antecedido por una comprobación sumaria que se inició en septiembre de 2019, luego de que se pusiera el foco en el pago de una serie de facturas a una empresa prestataria del servicio de telefonía celular por parte del EIC.

Al margen de los montos -que iban de $ 37.000 a $ 87.000-, los auditores habían advertido entonces que la nómina de usuarios de dichas líneas "no se corresponde en su totalidad con los empleados de la institución".

Además, se había apuntado que la repartición no había sometido a control preventivo del Tribunal de Cuentas una serie de facturas por esta prestación, un paso obligado en la administración de fondos públicos en estas instancias.

Durante la comprobación sumaria, detalla el acuerdo 3.882, se sumaron nuevos elementos. Por ejemplo, que en el listado de 96 líneas contratadas "figuran nombres" de personas "desconocidas, por no pertenecer al personal de planta ni tampoco figurar con antecedentes de haber prestado algún tipo de servicio para el EIC".

Hoy por hoy en el Ente de Infraestructura la cantidad de teléfonos oficiales provistos a los responsables de área rondaría la quincena (es decir, cerca del 15% de los utilizados en el período 2018-2019).

En este marco, el TC -con las firmas de su presidente, Miguel Terraf, y de los vocales, Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci-, resolvió avanzar con un juicio de responsabilidad para constatar "la existencia de un presunto daño al erario público".

Otro de los aspectos que se consideró en el marco de este trámite es que "no se respetaron tampoco los topes de consumo, en atención a las jerarquías de los distintos funcionarios", algo que está determinado en los decretos 25/1-2001 y 56/1-2018 del Poder Ejecutivo. Dichas normativas, agrega el TC, están motivadas "en la reducción de los gastos del Presupuesto provincial, lo que demuestra el carácter restrictivo del otorgamiento del beneficio" de la provisión de las líneas de telefonía oficiales.

Como consecuencia de todo esto, el Tribunal de Cuentas resolvió iniciar el juicio de responsabilidad en contra de Alurralde, de Ruiz y de Gómez, "sin perjuicio de hacer extensivo el mismo a quien o quienes de la instrucción del mismo resultaren asimismo responsables, por la asignación de equipos de telefonía móvil y el servicio de líneas telefónicas a agentes del organismo o a terceros ajenos al mismo, en el periodo julio/2018 a setiembre/2019, lo cual puede haber ocasionado un eventual daño al erario", señala el acuerdo 3.882.

Además, se designó al frente de la instrucción a la abogada fiscal del órgano de contralor, Ada Paz. 

Fuente: La Gaceta 

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