El miércoles el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la Policía Federal, la de Salta y la de Seguridad Aeroportuaria (PSA), allanaron 18 propiedades a nombre del intendente de Salvador Mazza y secuestraron vehículos importados, armas y 200 millones de entre pesos, dólares y euros.

Rubén Méndez, del Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, el 2 de septiembre fue denunciado a través de la web por supuesto enriquecimiento ilícito. Allí constaba que el intendente y sus familiares habían comprado este año dos vehículos importados BMW de alta gama y una camioneta Ford F-150 Raptor por un valor aproximado de $56.835.000, algo que ni él ni sus allegados podían justificar dado que “los haberes que percibe como intendente ascienden a la suma de $50.000 aproximadamente”.

Los denunciantes, de quienes no se difundieron nombres para reservar sus identidades, señalan que una organización liderada por el intendente se quedaría con la recaudación de distintas tasas municipales, como la de reconstrucción de pavimento de Salvador Mazza.

Ante esto, la Unidad Fiscal integrada por la fiscal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio y el fiscal penal de Tartagal, Pablo Cabot, solicitaron al juez de Garantías 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, realizar un allanamiento conjunto en las 18 propiedades que tenía Rubén Méndez a su nombre.

En el operativo secuestraron los vehículos de lujo, la camioneta, armas y dinero en efectivo por el valor de 200 millones de pesos, de los cuales 854.178 son dólares; 9.070 euros y 34.342.350 pesos, que sospechan que serían parte de los fondos del erario público municipal.

Según informó la fiscal Salinas Odorisio, este jueves imputarían a 12 personas, entre ellos el intendente, funcionarios y familiares, por: asociación ilícita, malversación de fondos, enriquecimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el cargo “por nueve delitos”.

Esta es la segunda imputación que corre contra el intendente de Salvador Mazza, ya que el 24 de febrero, el fiscal Armando Cazón lo había imputado por los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público, en grado de autor luego de una denuncia del presidente del Concejo Deliberante por no respetar la Carta Orgánica, que tiempo más tarde le valió el inicio de un juicio político.

En ese momento, el concejal Carlos Villalba acusó a Méndez de “vetador serial” de las ordenanzas que emitía el cuerpo deliberativo y de no revelar los gastos ni las recaudaciones que realizaba el municipio, así como no presentaba los presupuestos anuales al órgano de control municipal.

Más adelante, en la denuncia que dio inicio al juicio político, los ediles sumaron el veto del intendente a una solicitud para que el Ejecutivo municipal ayude con $15.000 mensuales a las familias de dos pacientes con leucemia. Uno de ellos falleció a los meses debido a la falta de tratamiento.

Pero además de todo esto, el flamante intendente ya tuvo que presentarse a declarar en el Juzgado Penal Federal de Tartagal, a cargo de Carlos Martínez Frugoni, en la causa que pesa en su contra por infracción a la Ley 24.769 (Ley Penal Tributaria) en abril de este año. Para justificar el crecimiento patrimonial que tuvo él y su familia en los últimos años, a pesar de figurar en los registros de AFIP como comerciante, y haberse declarado insolvente en el juicio que lleva desde el 2018 con su ex esposa por no pasar la cuota alimentaria de su hijo. La misma mujer, lo denunció un par de veces por violencia de género.

El mandatario comunal ya atravesó un juicio político en el 2017 sin embargo, la destitución fue apelada por el intendente y llegó a la Corte de Justicia, que tres años después decidió que el proceso no se había realizado como correspondía.

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