Los responsables de la organización de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) solicitaron que el “Estado tucumano se haga cargo de solucionar los problemas de cupos y condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de libertad”.

Expresaron que “a pesar de la crisis que atraviesa la provincia en relación a los lugares donde se alojan personas privadas de libertad por causas penales, y de los reiterados reclamos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el PE no avanzó en ningún tipo de solución para mejorar los lugares actuales de detención”. También manifestaron su preocupación por la muerte de cuatro mujeres privadas de libertad en la Brigada Femenina de la ciudad de Concepción.

En este sentido expresaron la necesidad que se adopten todas las medidas necesarias para que haya una profunda investigación que determine fehacientemente las responsabilidades y causas de las muertes, solicitando en particular la aplicación de protocolos de Minnesota y el Protocolo de Estambul. “El supuesto reclamo de las condiciones de detención en que se encontraban las mujeres y el pedido de traslado hacia un establecimiento penitenciario, es una situación que se reitera año a año y sin embargo el Estado no ha podido solucionar ni ha demostrado intención de hacerlo”, indicaron en un comunicado.

La directora ejecutiva Andhes, Fernanda Marchese, reclamó “la puesta en funcionamiento de un Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, como órgano especializado que ayude a buscar alternativas eficaces para evitar que se repitan estas situaciones y que realice monitoreos de todos los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad”.

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