La Anses le denegó la asignación vitalicia, que ascendería a unos $220.000 mensuales, por haber sido encontrado culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho.

Para tomar esta decisión, la Anses consultó a la Oficina Anticorrupción, que determinó que se debía rechazar la petición del ex funcionario porque "resulta jurídicamente incompatible otorgar el beneficio a quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional". El rechazo se basó en el artículo 29 de la Ley 24.018, que establece que los beneficios de la asignación mensual no alcanzan a los funcionarios removidos por mal desempeño de sus funciones.

Entre los fundamentos para rechazar el pedido de Boudou, la Oficina Anticorrupción destacó que al tratarse de una asignación graciable y sin carácter previsional se debe otorgar como contraprestación al honor y al mérito por el ejercicio del cargo.