Al respecto, Manzur aseguró que el proyecto cuenta con el apoyo de los tres poderes del Estado: “Esperamos que la ley sea aprobada y en caso de ser así, la vamos a promulgar rápidamente. Será una buena herramienta para disminuir el delito en ocasión del motoarrebato”.

En tanto el ministro de Seguridad de la Provincia, Claudio Maley señaló: “Necesitamos este instrumento para ser más exigentes en los controles y bajar el delito. Esta ley va a contemplar la instalación de sistemas GPS en motos nuevas para que estén ubicadas e impulsaremos la instalación de estos equipos en las motos que ya circulan”.

Otras exigencias de la ley serán sobre las estaciones de servicio: no podrán expender combustible a las motos que no tengan patente y cuyos propietarios no tengan casco y cédula de identidad. La disposición también alcanzará a garajes y guarderías que no podrán guardar motos que estén sin patente.

“Legalmente, queremos apurar el tratamiento de esta ley para que el 1 de junio estemos trabajando con su cumplimiento para que sea efectiva”, adelantó el ministro.

Durante la reunión estuvo presente el legislador y presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse, quien destacó: “La ley tendrá carácter histórico porque la atribución que tenía exclusivamente los municipios sobre control de infracción de tránsito ahora lo van a tener también las fuerzas de seguridad de la Provincia, con apoyo de las federales”.

Además aseveró: “Estamos decididos a terminar con esta modalidad delictual que agobia y atemoriza a la ciudadanía. Vamos a salir con mucha fuerza, en una primera etapa, a controlar en San Miguel de Tucumán y después en todos los municipios. Priorizaremos que no puedan circular más de dos masculinos por moto y que tengan una autorización que va a emitir la página de la Policía de Tucumán. La otra excepción es que sean padre e hijo”.

Por su parte el secretario judicial del Ministerio Público Fiscal, Tomás Robert,  indicó que los tres poderes del Estado trabajaron en conjunto para “diagramar estrategias que puedan combatir el motoarrebato”.

Si la ley es promulgada por el Gobernador, el Ministerio Público Fiscal la hará cumplir a través de operativos en forma conjunta con la Policía.

“En ese rol social que cumple el Ministerio Público, se ha diagramado una estrategia de política criminal. En ese marco, queremos trabajar como equipo: sería la primera vez en Latino América que se hace de esta forma”, concluyó el fiscal Carlos Picón.