Cuando la joven caminaba por la calle Gorriti, en agosto, escuchó que dos empleados de un local de comidas le gritaban obscenidades. No era la primera vez sino que cada vez que pasaba por ahí era víctima de acoso. 

Un día Greta decidió denunciar a los acosadores y a la empresa que los contrataba, un negocio de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de una mediación, los dueños del lugar acordaron pagarle a la víctima un resarcimiento económico de 100.000 pesos y se comprometieron a brindar el espacio para charlas sobre violencia de género.

La joven dijo a La Nación: "Si tuviera que hacer una denuncia por cada vez que me acosan verbalmente en la calle tendría que vivir en la fiscalía. Pero esta vez me harté, fueron meses". 

Greta hastíada de la situación les contó al encargado y al gerente del local que los denunciaría penalmente, tanto a los hombres, como a la empresa.

Le pidieron disculpas y llamaron a los empleados en ese momento uno de ellos admitió lo que había pasado, el otro se quedó en silencio. 

Radicó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal invocando el artículo 67 del Código Contravencional, por "acoso sexual en espacios públicos", y solicitó un botón antipánico, que le fue entregado y aún conserva.

Tomaron intervención en el hecho la fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°1, especializada en Violencia de Género, a cargo de Verónica Andrade, y el juzgado N°13, cuya titular es María Lorena Tula del Moral.

Solicitó que se aplicara la sanción correspondiente a los acosadores y ofreció como testigos al encargado, al gerente y al apoderado de la empresa, que fueron citados por la fiscalía. Cuando se les tomó declaración, respaldaron la denuncia y llevaron la carta documento del despido de los acusados. La investigación se inició y los imputados irán a juicio.

La jueza de garantías, Tula del Moral, a cargo del caso, fijará una audiencia de admisibilidad de prueba, previa vista de la defensa. Luego, se sorteará un juez para ir a juicio.

Mientras en el caso del local de comidas -cuyo nombre no puede publicarse por cuestiones legales- Ter-Akopian se representó a sí misma como querellante, con el patrocinio de otra abogada. Tomó parte con la empresa de una mediación civil prejudicial obligatoria y, al cabo de una semana, llegaron a un acuerdo: un resarcimiento de 100.000 pesos y el compromiso del local de brindar el lugar para que se den charlas sobre violencia de género.

En las cláusulas del convenio, la mujer se aseguró de que se respetara la posibilidad de publicar el caso.

La joven aseguró: "Para mí es fundamental que se sepa lo ocurrido porque significa una ampliación de derechos para todas las mujeres y un precedente que podría impactar en casos similares", y se comprometió a resguardar el nombre del local.

Fuente:filonews

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