Los senadores salteños María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita presentaron un proyecto de ley para crear el Sistema Nacional de Protección Reforzada de las Escuelas contra la Droga, una iniciativa que busca prevenir, combatir y erradicar el consumo y la comercialización de estupefacientes en establecimientos educativos de nivel primario y secundario de todo el país.

La propuesta establece un esquema de intervención coordinada entre el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y la Secretaría de Educación, con el objetivo de proteger a estudiantes y reforzar la prevención en los entornos escolares.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de las denominadas “zonas escolares protegidas”, que abarcarán los establecimientos educativos públicos y privados y un radio de hasta 200 metros alrededor de ellos. Dentro de esos espacios se impulsarán acciones específicas de prevención, detección e investigación de delitos vinculados al narcotráfico.

La iniciativa también crea la División Federal de Intervención y Prevención en Entornos Escolares (DIFIPES), integrada por miembros de fuerzas federales y personal técnico de la SEDRONAR. Este organismo tendría competencia para actuar ante denuncias fundadas de comercialización de drogas en zonas escolares protegidas, trabajando en coordinación con autoridades judiciales, educativas y sanitarias.

Los autores aclaran que el proyecto busca distinguir claramente entre los estudiantes que atraviesan situaciones de consumo problemático y quienes participan en actividades de comercialización de estupefacientes. En ese sentido, la iniciativa establece que los alumnos consumidores no podrán ser criminalizados ni estigmatizados por esa sola condición y deberán recibir abordajes sanitarios y educativos especializados.

Para ello, se encomienda a la SEDRONAR el desarrollo de programas de prevención, detección temprana, tratamiento ambulatorio y seguimiento de casos, con participación de equipos interdisciplinarios y articulación con los sistemas de salud y protección de derechos. Además, se garantiza la continuidad educativa de los estudiantes involucrados y se desalientan medidas expulsivas o discriminatorias.

El proyecto invita asimismo a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar protocolos de actuación que diferencien los casos de consumo de aquellos vinculados al narcomenudeo, previendo mecanismos de contención institucional y la intervención de las fuerzas de seguridad únicamente cuando existan conductas delictivas asociadas a la venta o distribución de drogas.

Otra de las modificaciones relevantes planteadas por la iniciativa es la reforma del artículo 11 de la Ley 23.737 de Estupefacientes. El texto incorpora expresamente como agravante que los delitos relacionados con drogas se cometan dentro o en las inmediaciones de establecimientos educativos, definiendo esas inmediaciones como un radio de 200 metros desde los límites físicos de la escuela.

En los fundamentos, Orozco y Guzmán Coraita sostienen que la venta y el consumo de drogas en los entornos escolares se han convertido en un fenómeno creciente y afirman que la legislación vigente resulta “insuficiente, ambigua y desarticulada” para enfrentar el avance del narcotráfico en esos ámbitos. También destacan que la iniciativa apunta a una política de “tolerancia cero” contra vendedores, reclutadores y distribuidores de droga, al tiempo que considera a los estudiantes con problemas de consumo como víctimas que deben ser asistidas.

“La escuela no debe transformarse en un espacio de persecución penal, es el primer lugar de cuidado, detección y contención”, señalan los senadores en el proyecto, que resume su enfoque con una consigna: “Al alumno se lo cuida y al narcotraficante se lo persigue”./Parlamentario.