Un ex trabajador minero y su esposa fueron condenados por la justicia de San Juan a tres años de prisión por haber cobrado un dinero que no le correspondía y no devolverlo a la empresa que lo había despedido.

Danny Roberto Sarmiento trabajaba para la minera Andina del Sol, propiedad de la canadiense Barrick Gold y la compañía china Shandong Gold Group. Esta unión se constituyó en 2017 para gestionar el yacimiento de oro y plata Veladero en la provincia de San Juan.

El empleado y quien en ese momento era su esposa, luego se separaron, se quedaron con 107 millones de pesos de más, que fueron transferidos por un error administrativo como indemnización por despido.

El hecho ocurrió a fines de 2024 y tuvo gran repercusión en San Juan. Después de 15 años de trabajo en la compañía, Sarmiento fue despedido y la empresa le abonó una indemnización de 107.019.000 pesos, en un acuerdo de partes. Dos días después, la minera realizó por error una segunda transferencia por el mismo monto.

El ex empleado recibió el doble de lo que tenia que cobrar. De inmediato comenzó a gastar el dinero y transfirió una parte importante a la cuenta de quien entonces era su esposa, Myriam Mabel Muñoz.

Cuando el personal de Recursos Humanos de la minera se comunicó por teléfono para informarle del error y pedirle que devolviera lo que no le correspondía, comenzaron las evasivas.

Según la causa judicial, Sarmiento respondió que iba a realizar la devolución del dinero cuando llegara a su domicilio y una vez corroborado de que estuviera el dinero porque aseguraba que no «aparecía en su homebanking».

La fiscalía demostró que existió un abuso de confianza y una falsa promesa de devolución para ganar tiempo y desviar los fondos duplicados hacia la cuenta de la mujer.

«El imputado jamás tuvo la intención de reintegrar el dinero duplicado y la prueba palmaria de su dolo fue el desvío inmediato de los fondos hacia la cuenta bancaria de su esposa”, argumentó el fiscal Guillermo Heredia, en la audiencia documentada por Clarín.

El empleado despedido luego dejó de atender los llamados de la administración de la minera y no respondió más los mails y avisos que se le enviaron. En el transcurso de la investigación judicial, se ordenó un embargo por 140 millones de pesos sobre autos, una vivienda y cuentas bancarias, para cubrir lo que deberían devolver.

El fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, Guillermo Heredia, y la querella, a cargo de la abogada Juliana Vizcaino, modificaron de común acuerdo la imputación penal para el matrimonio: de apropiación indebida a defraudación por engaño, en calidad de coautores.

La condena fue a tres años en prisión condicional, por lo que no deberán ir a prisión dado que ninguno tenía una condena previa y podrán cumplir la pena en libertad, siempre y cuando cumplan con ciertas reglas de conducta.

El dinero reclamado nunca apareció y por el tiempo transcurrido, el monto adeudado y sus intereses superan muy por encima los 110 millones de pesos./IG.