El acusado cometió el grosero error de etiquetar con identidad y domicilio a sus clientes, una práctica que contradice cualquier lógica de clandestinidad en este tipo de actividad ilícita. También aparecieron testigos atemorizados porque el principal sospechoso hacía gala de sus vínculos con gente poderosa.

Además, se fortaleció la teoría de que el imputado no sólo comercializaba, sino que también podría haberse dedicado a la producción de este tipo de sustancias. Demasiada información para una causa que recién se abrió y cuyo alcance aún es incierto.

El inicio

El origen de esta pesquisa fue, literalmente, una casualidad. El 10 de abril, Enrique Sánchez Loria (36) protagonizó un accidente en la avenida Aconquija, de Yerba Buena. Ese fue el principio del fin. Al asistirlo, los policías que intervinieron en el siniestro encontraron en su mochila cinco tubos con una sustancia que podría tratarse de droga sintética. Personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas confirmó la sospecha y, a partir de ese momento, se inició una causa judicial.

Un equipo al mando de los oficiales Diego Rojas y Carla Lazarte siguió los pasos del accidentado. Primero constató que residía en un departamento ubicado en Jujuy al 200. Luego, los investigadores montaron tareas de vigilancia mediante las cuales comprobaron que el sospechoso entregaba personalmente la sustancia que comercializaba, ya fuera en la vía pública o en el interior del edificio.

“Los investigadores también entrevistaron a varios de sus vecinos. Ellos, en un primer momento, no querían hablar porque lo consideraban una persona peligrosa”, sostuvo la auxiliar fiscal Elina González durante la audiencia de formulación de cargos realizada ayer.

“También confirmaron que tenía como clientes a personas de alto poder adquisitivo, vinculadas al ambiente de las fiestas electrónicas”, agregó la representante del Ministerio Público, que destacó el trabajo de la Digedrop para sortear los obstáculos que implica investigar un supuesto punto de venta instalado en un edificio.

Allanamiento

Los investigadores presentaron los resultados de sus tareas al fiscal José Sanjuán, que solicitó autorización para allanar el departamento del sospechoso. El pedido fue aceptado por la jueza Ana María Iácono. La medida, que se concretó el sábado bajo las órdenes de los comisarios Jorge Nacusse y Rufino Medina, arrojó resultados que podrían tener un fuerte impacto en la causa.

Cuando los policías estaban por ingresar al inmueble, se toparon con un supuesto cliente del acusado. El hombre entró al edificio, realizó una transacción y luego salió. Al demorarlo, los efectivos descubrieron que llevaba una sustancia que tenía consignado el nombre de otra persona, la dirección donde supuestamente debía entregarla y la suma de $34.000, que podría corresponder a su valor. Por esa razón, los investigadores sospechan que Nicolás Avellaneda, quien dijo trabajar en una empresa de seguridad privada, habría tenido algún grado de participación en la operatoria.

Al ingresar al departamento, los efectivos encontraron, entre otras sustancias, 458 pastillas de éxtasis, más de 600 tubos Eppendorf (recipientes utilizados para dosificar drogas sintéticas), cinco frascos de ketamina líquida y 29 troqueles de LSD, conocidos popularmente como “pepas”. La auxiliar González valuó la droga secuestrada en al menos $60 millones. Además, destacó que también se incautaron $5 millones, U$S700 y cuatro reales.

Sánchez Loria, señalado como líder de la organización, tenía en su poder varias bolsas con distintas cantidades de éxtasis. Los envoltorios presentaban rótulos con el nombre del supuesto comprador y su dirección o número de celular, por lo que los investigadores sospechan que las entregas se realizaban a través de un cadete o que los clientes retiraban la sustancia directamente en el domicilio.

Vale la pena aclarar que por las lesiones que sufrió en el percance, no habría podido mantener el sistema de reparto.

La resolución

La audiencia tuvo un inicio inesperado. Los defensores Jorge Montalván Rentería (asistió a Sánchez Loria) y Maximiliano Mavsovich (representó a Avellaneda) plantearon que la investigación se había iniciado de manera ilegal. Ambos argumentaron que, tras el accidente, los policías abrieron la mochila del principal acusado sin autorización, vulnerando sus derechos constitucionales. Solicitaron la exclusión de esa prueba, en un intento por cuestionar el origen de la causa.

“Soy solamente un consumidor. No tengo nada que ver con la venta de estas sustancias”, sostuvo Avellaneda. Por su parte, Sánchez Loria no declaró sobre la acusación, aunque sí afirmó que su consorte de causa no tenía ninguna vinculación con los hechos. “A mí me abrieron la mochila sin mi autorización”, remarcó en más de una oportunidad.

González solicitó que se les dictara prisión preventiva por cuatro meses a ambos acusados. Los defensores se opusieron. Montalván Rentería sostuvo que, en caso de que se aceptara el pedido, a su defendido se le concediera el arresto domiciliario, teniendo en cuenta que es el responsable del cuidado de sus dos hijos menores de edad de lunes a viernes.

El juez Guillermo Taylor rechazó el planteo de exclusión probatoria y aceptó dictar medidas cautelares para ambos imputados. Sin embargo, dispuso que Avellaneda permanezca detenido durante 15 días y Sánchez Loria durante 120. / La Gaceta.