La Justicia resolvió extender por tres meses la prisión preventiva de Nicolás Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40), alias “Chicho”, ambos imputados por encubrimiento agravado en la causa que investiga el femicidio de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 8 de enero en un basural de Manantial Sur.

La medida fue solicitada por la Unidad Fiscal de Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, durante una audiencia realizada este miércoles 27 de mayo. La auxiliar de fiscal Carolina Brito sostuvo que los riesgos procesales “no solo continúan vigentes, sino que además se han robustecido” a partir de las nuevas pruebas incorporadas a la investigación.

La acusación contra los imputados

Según la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, ambos acusados colaboraron con Felipe Sosa —señalado como principal sospechoso del crimen— para ocultar el cuerpo de la víctima, eliminar rastros y entorpecer la investigación judicial.

En el caso de Nicolás Navarro Flores, la Fiscalía destacó que declaró en dos oportunidades y que incluso reconoció haber ayudado a Sosa luego del asesinato. De acuerdo con su relato, el 7 de enero recibió llamados telefónicos del acusado principal y acudió a su vivienda, donde lo observó con una pala y tierra en las uñas.

Además, señaló que posteriormente recibió bolsas negras, un teléfono celular y una caja con estupefacientes. En una segunda declaración realizada el pasado 22 de mayo, Navarro Flores también explicó cómo se comunicaba “en código” con Sosa y aseguró haberle ofrecido un galpón desocupado para colaborar con el ocultamiento relacionado con el hecho.

Respecto de Jorge Orlando Díaz, alias “Chicho”, la acusación sostiene que estuvo esa misma tarde en la vivienda de Sosa, en Yerba Buena, a bordo de una camioneta perteneciente a la empresa “Mundo Limpio”.

Para la Fiscalía, independientemente de la versión de la defensa —que afirma que fue únicamente a buscar un celular olvidado— existen elementos que lo vinculan con el ocultamiento del cuerpo, la desaparición del teléfono de la víctima y la limpieza de la escena del crimen.

Las pruebas pendientes en la causa

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito remarcó la gravedad del caso y sostuvo que se investiga “un femicidio cometido con extrema brutalidad y con intervención de varias personas”.

La Fiscalía indicó que todavía restan numerosas medidas probatorias, entre ellas el análisis de teléfonos celulares secuestrados, cámaras de seguridad, líneas telefónicas y la apertura de una caja fuerte hallada en un galpón vinculado a Felipe Sosa.

También continúan las pericias genéticas sobre restos biológicos —como saliva y cabello— encontrados en bolsas, cintas adhesivas, la vivienda del acusado y la camioneta utilizada durante el hecho.

La resolución judicial

Mientras que la defensa de Navarro Flores no se opuso al pedido del Ministerio Público Fiscal, la representación legal de Díaz solicitó el cese de la prisión preventiva o, de manera subsidiaria, arresto domiciliario.

Sin embargo, el juez interviniente resolvió hacer lugar al planteo fiscal y ordenó que ambos imputados continúen detenidos en la unidad penitenciaria de Benjamín Paz.

Cómo ocurrió el crimen de Érika Álvarez, según la Fiscalía

De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el 7 de enero de 2026 Felipe Sosa asesinó a Érika Antonella Álvarez con la participación de otras personas aún no identificadas.

La acusación sostiene que la víctima sufrió graves lesiones craneofaciales y cervicales antes de que su cuerpo fuera descartado en un basural de Manantial Sur.

En ese contexto, Díaz habría colaborado transportando bolsas de gran tamaño y ayudando a eliminar evidencias, mientras que Navarro Flores habría participado en el ocultamiento del cuerpo y otros rastros relacionados con el crimen, facilitando así que Sosa intentara eludir la acción de la Justicia.