El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto que desvincula a un guardiacárcel del penal de Benjamín Paz investigado por vender celulares a internos. La causa incluye transferencias de dinero, chats y pruebas digitales.

El Gobierno de Tucumán resolvió echar a un agente del Servicio Penitenciario Provincial investigado por presuntamente facilitar el ingreso y la venta de teléfonos celulares a internos alojados en el Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.

La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 992/7 (SES), firmado por Osvaldo Jaldo y publicado este 22 de mayo en el Boletín Oficial. La resolución alcanza a Luis Alfredo Valenzuela, quien se desempeñaba como agente transitorio dentro del Escalafón Seguridad del Servicio Penitenciario Provincial desde julio de 2025.

La investigación interna comenzó tras una serie de requisas sorpresivas realizadas el pasado 20 de abril en las Unidades N° 1 y N° 3 del penal de Benjamín Paz. Durante esos operativos fueron secuestrados teléfonos celulares y otros dispositivos prohibidos dentro del establecimiento carcelario.

Según consta en el expediente administrativo, uno de los teléfonos incautados tenía asociada una línea telefónica de la empresa Personal registrada a nombre de Valenzuela, quien cumplía funciones justamente en la Unidad N° 1 del complejo penitenciario.

La situación del agente se agravó luego de la declaración de un interno con identidad reservada, quien habría aportado pruebas sobre transferencias de dinero destinadas al guardiacárcel para permitir el ingreso de los dispositivos. A esto se sumaron capturas de conversaciones de WhatsApp y registros vinculados a un perfil de TikTok atribuido al acusado.

En su defensa administrativa, Valenzuela negó haber ingresado el teléfono secuestrado y aseguró que utilizaba otra línea telefónica distinta a la denunciada en su legajo. Sin embargo, admitió que acostumbraba dejar su billetera y su celular en mesas ubicadas en sectores donde circulaban internos, una conducta que ya había sido observada por sus superiores.

Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que los elementos reunidos generan “un estado de duda inaceptable” respecto de la conducta funcional del agente y remarcaron que el servicio penitenciario requiere un vínculo de confianza absoluta entre la institución y sus integrantes.

El decreto también señala que, al tratarse de personal transitorio, el agente no posee estabilidad laboral, motivo por el cual el Gobierno tiene facultades para disponer su desvinculación inmediata en resguardo de la seguridad pública y la credibilidad institucional.

Además, la resolución dejó abierta la posibilidad de nuevas sanciones y medidas judiciales a medida que avance la causa penal impulsada por el Servicio Penitenciario Provincial ante la Justicia.