El senador nacional Francisco Paoltroni presentará este martes a las 17 en el Congreso un proyecto de ley para declarar la intervención federal de la provincia de Formosa, en una iniciativa que propone suspender el funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales y disponer la caducidad de los mandatos de las autoridades vigentes.

El expediente sostiene como finalidad central “garantizar la forma republicana de gobierno” en la provincia y establece que la intervención abarcará de manera integral a las instituciones formoseñas. Según el texto, el Poder Ejecutivo Nacional quedaría facultado para designar a un interventor federal que asumiría el control político y administrativo del distrito.

Entre las medidas previstas, el proyecto dispone el cese inmediato del gobernador y el vicegobernador, así como de los legisladores provinciales, mientras que el Poder Judicial quedaría en comisión durante el período de intervención. A su vez, se prevé la elaboración de un plan de normalización institucional que debería garantizar el restablecimiento del funcionamiento regular de los poderes públicos y el pleno ejercicio de los derechos de los habitantes.

La iniciativa fija un plazo inicial de 365 días para la intervención, con posibilidad de prórroga por un período similar, y establece la obligación de convocar a elecciones “libres y transparentes” dentro de ese lapso.

En los fundamentos, Paoltroni argumenta que la medida responde a una “situación de gravedad institucional” en la provincia, al considerar que existe un deterioro de la división de poderes y un proceso de concentración política que afecta el sistema democrático. También menciona como antecedente la disputa en torno a la reelección del gobernador y cuestiona reformas impulsadas a nivel local, así como el funcionamiento del sistema electoral provincial.

El proyecto vincula además la propuesta con el artículo 6 de la Constitución Nacional, que habilita la intervención federal para garantizar el sistema republicano, y sostiene que, en este caso, se trataría de una herramienta “de última instancia” ante el agotamiento de otras vías institucionales.