Mientras el Gobierno insiste con el discurso del fin de los subsidios y la "normalización" del mercado, la secretaría de energía quedó envuelta en un escándalo por la importación de Gas Natural Licuado (GNL) justo cuando vuelve a instalarse una preocupación que en el sector conocen demasiado bien: el riesgo de desabastecimiento de gas durante el invierno.

La polémica se disparó después de que ENARSA terminara pagando 5,16 dólares por millón de BTU por la operación de regasificación y logística de los barcos de GNL, un valor 47% superior al que la propia empresa estatal había considerado razonable apenas semanas atrás. El episodio generó ruido incluso dentro del Ministerio de Economía porque la Secretaría de Energía había dado de baja en abril una licitación privada argumentando justamente que el cannon ofertado por las empresas era demasiado caro.

La secuencia dejó una imagen incómoda para el Gobierno. El 13 de abril, empresas privadas habían ofertado un fee cercano a los 4,5 dólares por millón de BTU para participar del esquema de importación de GNL. El 22 de abril, la Secretaría de Energía rechazó la licitación porque ENARSA sostuvo en un informe técnico que el costo no debía superar los 3,5 dólares. Pero el 13 de mayo la propia ENARSA terminó cerrando operaciones a 5,16 dólares por millón de BTU, muy por encima de aquel límite que había utilizado para descartar la oferta privada.

"¿Estamos ante una ineptitud galopante o frente a un diseño deliberado para beneficiar a alguien en el camino?", se preguntaban en el sector energético, donde la operación ya generó fuertes sospechas políticas y empresariales.

La controversia se produjo alrededor de las subastas que realizó ENARSA para colocar entre privados los nueve cargamentos de GNL que necesita importar durante junio para cubrir el pico de demanda invernal. El esquema implicó un cambio profundo en la lógica histórica del sistema gasífero argentino, donde durante años el Estado absorbió buena parte del riesgo financiero y operativo de las importaciones.

Tal como reveló el sitio Post Energético, industrias y centrales térmicas recibieron en las últimas horas comunicaciones formales de MEGSA, la firma encargada de administrar las subastas del Mercado Electrónico del Gas. Allí se informaba la realización de una licitación "sobre abierto" para abastecimiento firme durante junio.

El mensaje detallaba que ENARSA pondría a disposición "el remanente" del GNL importado para demanda prioritaria y que las empresas competirían observando en tiempo real los precios y volúmenes ofertados por el resto de los participantes. El esquema incluía adjudicación por precio y prorrata, con ofertas en múltiplos de 100 mil metros cúbicos.

"Es una locura, nosotros nos abstuvimos", dijeron a LPO desde una compañía privada que recibió la convocatoria. En el sector hay fuerte resistencia a convalidar precios internacionales del GNL que hoy pueden rozar los 20 dólares por millón de BTU, casi cinco veces más caros que el gas local.

La pulseada con las industrias viene escalando desde hace semanas. La Secretaría de Energía advirtió que aquellas empresas que no aseguren ahora los volúmenes de GNL que necesitarán en junio podrían quedarse sin gas "físico" durante los días de mayor demanda.

En el norte argentino se encendieron fuertes señales de alarma. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó garantías de abastecimiento y pidió "previsibilidad" para evitar que se repitan los problemas de cada invierno. "No podemos seguir siendo argentinos de segunda", lanzó el mandatario salteño. El temor atraviesa a Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa, regiones donde el sistema todavía depende de una infraestructura incompleta y vulnerable.

En Tucumán, por ejemplo, las industrias citrícola y azucarera siguen negociando contrarreloj alternativas para asegurar suministro durante la zafra. El Gobierno provincial mantuvo reuniones con funcionarios nacionales y empresarios ante el temor de restricciones justo en el período de mayor actividad productiva.

Sin embargo, el resultado terminó sorprendiendo incluso dentro del propio mercado gasífero. Las subastas lograron colocar los nueve cargamentos previstos para junio. Grandes industrias, distribuidoras y generadoras eléctricas compraron parte de los volúmenes disponibles, mientras que Trafigura terminó quedándose con cinco cargamentos en una jugada inesperada que alteró el tablero del negocio gasífero.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó garantías de abastecimiento y pidió "previsibilidad" para evitar que se repitan los problemas de cada invierno. El temor atraviesa a Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco y Formosa, regiones donde el sistema todavía depende de una infraestructura incompleta y vulnerable.

La validación de estos costos por parte de industrias y generadoras eléctricas anticipa además otro problema: tarde o temprano ese sobreprecio terminará trasladándose a la economía. Las centrales térmicas convierten ese gas en electricidad y las industrias incorporan el costo energético a sus estructuras de producción.

Es decir, el canon de regasificación, la logística del GNL importado y los precios extraordinarios que hoy se están convalidando no quedan encapsulados dentro del sector que los paga. Se trasladan a tarifas, a costos fabriles y finalmente a precios de bienes y servicios. En un contexto de inflación alta, el riesgo es que el invierno termine funcionando otra vez como una vía de propagación de aumentos sobre toda la economía.

La tensión expuso además una contradicción incómoda para el discurso oficial. Mientras Economía intenta trasladar a industrias y grandes usuarios el costo pleno del gas importado, simultáneamente sostiene mecanismos de financiamiento estatal para amortiguar el impacto tarifario sobre hogares residenciales.

El Gobierno decidió que el costo del GNL consumido en hogares durante el invierno recién se pagará desde noviembre y en seis cuotas mensuales hasta abril de 2027. El Tesoro absorberá durante meses un costo financiero estimado entre 150 y 200 millones de dólares para evitar que el traslado inmediato del precio del gas dispare la inflación./LPO.